El Consell certifica el derribo del Grupo B de Almassora para buscar el futuro uso del solar

El Consell certifica el derribo del Grupo B de Almassora para buscar el futuro uso del solar
14/04/2021 -

El vicepresidente segundo del Consell, Rubén Martínez Dalmau, ha visitado hoy el solar resultante del derribo del edificio 167, el conocido como Grupo B, para certificar el fin de los trabajos un año después del anuncio de demolición. El conseller se ha emplazado con la alcaldesa, Merche Galí, a buscar alternativas para el uso del suelo según las preferencias del municipio.

La primera edil ha recordado su compromiso de reservar este espacio para un uso social, bien encaminado a proyectos de enfermos, mayores o necesidades específicas del vecindario que permitan ampliar los servicios públicos de Fátima y su entorno. “Por fin, más de 20 años después, podemos empezar a hablar de futuro para respetar lo que los vecinos de Almassora han reiterado en muchas ocasiones y dejar atrás el pasado de marginalidad del bloque”, ha señalado Galí.

Es por ello que Galí mantiene su compromiso de destinar a un uso social el solar y renunciar así a cualquier proyecto de construcción de viviendas tras el derribo de las 38 que formaban el edificio 167 y que comenzaron su demolición el pasado 19 de enero. De igual forma, Martínez Dalmau ha trasladado su intención de que el proyecto cumpla las expectativas de todos las partes ahora que la zona ya está vallada y en buenas condiciones de salubridad y seguridad.

En el encuentro han participado también el secretario autonómico de Vivienda, César Jiménez, y el director de la Entitat Valenciana d’Habitatge i Sòl (Evha), Alberto Aznar, que se han emplazado a un encuentro con la concejala de Territorio, Carmina Martinavarro, y los técnicos municipales del departamento para valorar las características de la parcela y su futuro uso.

En la actualidad, la empresa Construcciones y Desmontes Ribera Navarra S.A., encargada de la demolición, ha retirado todos los restos y limpiado el recinto para culminar antes de lo previsto en el contrato de adjudicación. La actuación, por la que la Generalitat Valenciana ha pagado 269.047,05 euros, ha puesto fin a 22 años de actividad en el bloque tras la desaparición de las primeras 56 viviendas en 1998.

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