La Generalitat y la Diputación dan un paso firme hacia la “construcción de un auténtico sistema de servicios sociales públicos”

La Diputación de Castellón asume este año el coste de personal y políticas sociales en los 124 municipios más pequeños, lo que desahoga a la Conselleria para impulsar nuevos recursos

La Generalitat y la Diputación dan un paso firme hacia la “construcción de un auténtico sistema de servicios sociales públicos”

La pandemia del coronavirus ha evidenciado las deficiencias del sistema y de la sociedad y miles de familias se encuentran en una situación de emergencia en medio de una crisis a todos los niveles. Una situación que ha llevado a los hospitales a sus límites, pero también a los equipos de servicios sociales de cada municipio, que ha exigido respuestas a las administraciones. Tras casi un año de la pandemia que ha agraviado estas necesidades, la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas y la Diputación de Castellón dan un paso adelante hacia el Plan de Infraestructuras de Servicios Sociales en la provincia de Castellón.

Ayer mismo, ambas instituciones materializaban esta colaboración con la firma del protocolo de intenciones para el desarrollo de la nueva Ley de Servicios Sociales Inclusivos de la Generalitat Valenciana, que dotará a la provincia de Castelló de nuevos espacios para dignificar y ampliar el bienestar social de las personas independientemente de donde residan a través del Plan de Infraestructuras de Servicios Sociales.

Y es que 2021 no solo ha comenzado con esta declaración de intenciones, sino con un cambio en la gestión de servicios sociales por parte de la Diputación. Tal y como recordó ayer tras la firma la diputada provincial de Bienestar Social, Patricia Puerta, este año se destinará una partida de 4.151.000 euros para hacerse cargo del coste del personal y las políticas sociales en los municipios de 10.000 habitantes, es decir, de 124 de los 135 municipios de la provincia.

Con esta diferencia de 3 millones de euros, la institución provincial se hace cargo del coste de las ayudas de emergencia, las prestaciones de atención primaria y los 117 profesionales que conforman los equipos sociales de estos ayuntamientos, ya que en 2020 se asumían los gastos de los municipios de menos de 6.000 habitantes. “Con estos recursos conseguimos que las personas vulnerables del ámbito rural dispongan de ayudas para alimentos y para hacer frente al pago de los recibos de alquiler, luz, agua y gas”, destacó Puerta.

Asimismo, la titular de Bienestar Social valoró este protocolo como “una buena noticia” porque “el esfuerzo de la Diputación, que no es un gasto, sino una inversión en las personas, permitirá que Igualdad y Políticas Inclusivas destine fondos a otras políticas muy necesarias en la provincia”.

Dignificación de espacios

Así, la vicepresidenta del Consell y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, explicó que la Conselleria financiará íntegramente las prestaciones de su competencia al conjunto de los municipios de la provincia, y se hará cargo de los gastos de personal y las prestaciones competencia de los Ayuntamientos en los municipios de más de 10.0000 habitantes, a excepción de las cuantías que corresponda aportar por estos.

Con esta distribución de los gastos que desahoga a la conselleria, el Plan de Infraestructuras de Servicios Sociales en la provincia de Castellón pasará por la construcción y reforma de centros de atención primaria específica y atención secundaria, de acuerdo con el mapa de necesidades. La firma de este protocolo, subrayó, es «un paso muy importante que hemos dado porque permite primero la construcción de un auténtico sistema de servicios sociales público que no existía y despúes la ordenación de todos los recursos dispersos que habían».

Una vez se ponga en marcha este plan de infraestructuras, que “se está ultimando a través del órgano de coordinación institucional en el que participan la Generalitat, las diputaciones y los municipios”, y se analice junto al mapa de necesidades, se decidirá qué actuaciones deben llevarse a cabo para esta dignificación.

En el caso de la provincia de Castellón contempla que «cada área, además de contar con un paquete básico de recursos para mayores, infancia, personas con diversidad funcional o salud mental, se tendrá en cuenta también la lucha contra el despoblamiento y los criterios de equidad territorial como medio para contribuir a la fijación de las personas en el territorio», según Oltra.

Tras el encuentro, el presidente de la Diputación de Castellón, José Martí, celebró la firma del protocolo de intenciones y destacó que “queda mucho por hacer, pero sin duda las dos administraciones trabajan con grandes dotaciones que harán de la provincia un modelo de presente y futuro”.

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