La Concejalía de Vivienda del Ayuntamiento de Castelló asesorará de los trámites para solicitar la moratoria de hipotecas o las ayudas de alquiler que han sido aprobadas por el Gobierno ante el impacto de la emergencia sanitaria del coronavirus. Aquellas personas que quieran optar a las mismas podrán realizar su consulta a la Oficina Municipal de Vivienda a través del servicio telefónico del 010, en el que deberán dejar sus datos y luego se les responderá desde la Concejalía.La concejala de Vivienda, María Jesús Garrido, subraya que la alerta sanitaria va a tener un enorme impacto en el tejido económico y social de la ciudad y sostiene que las Administraciones han de realizar todos los esfuerzos para garantizar el derecho constitucional de la vivienda de la población ante la falta de ingresos y trabajo de muchas familias.Garrido valora que las medidas en materia de vivienda aprobadas por el Gobierno son un primer paso para dar cobertura a la gente que se quede sin ingresos y afirma que desde la Concejalía ofrecerá un servicio de asesoramiento para las personas que necesiten solicitar las medidas de apoyo en hipotecas y del alquiler del Gobierno.Explica que al estar cerrada la atención municipal al público de manera presencial por la cuarentena, los ciudadanos que necesiten este servicio podrán hacerlo avisando al 010 y la Concejalía se pondrá en contacto con los mismos. A los posibles beneficiarios se les detallará las condiciones, trámites y documentación que necesitan.La concejala recuerda que la moratoria de hipotecas se prolongará el tiempo del Estado de Alarma y que cubrirá a las personas que han perdido su empleo, han cesado su actividad o han registrado una reducción notable de sus ingresos.Mientras, en alquiler, el Decreto del Gobierno contempla la suspensión de los desahucios sin alternativa habitacional durante 6 meses, ayudas extraordinarias y microcréditos sin intereses a 6 años para pagar el alquiler. Asimismo, en este último caso, recuerda que los grandes tenedores deberán hacer a sus inquilinos una quita de un 50 % o una reestructuración de la deuda en 3 años, el Estado asumirá la deuda de los inquilinos que no salgan de la vulnerabilidad, y habrá una prórroga de 6 meses de los contratos a punto de vencer para evitar subida. Pueden optar desempleado, trabajadores afectados por un ERTE o que han reducido su jornada laboral, o autónomos o empresarios que han cesado su actividad o han sufrido pérdida de ingresos.