El portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Castelló, Vicent Sales, ha denunciado esta mañana los 3,86 millones de euros en facturas que se ha encontrado la nueva corporación municipal “en el cajón” por parte del Acord de Fadrell.Así lo ha señalado esta misma mañana al dar cuenta de los asuntos aprobados en Junta de Gobierno de Local, lo que ha calificado de “empastre de PSOE y Compromís, una vez más”: “El anterior gobierno no se hizo cargo y el informe conjunto de la Secretaría Municipal, la Intervención Municipal y la Asesoría Jurídica es demoledor”.El portavoz ha explicado que se recordó de forma reiterada las consideraciones jurídicas y recomendaciones y ha valorado que “en vez de gastar esos casi 3,5 millones de euros de obligado cumplimiento en estas facturas, se prefirió gastarlos en otras cosas”. “Ahora, estas facturas en el cajón las tiene que pagar el gobierno de Begoña Carrasco y vamos a intentar solucionarlo lo antes posible”, ha subrayado.En concreto, se trata de un montante de 3.866.265,91 euros que se corresponden con facturas que no han sido debidamente adquiridas por el Ayuntamiento al no haberse formalizado contrato o adoptado el correspondiente acto administrativo de aprobación de la revisión de precios. Las dos partidas más cuantiosas corresponden a la revisión de precios del servicio de limpieza viaria, con 2.909.532 euros en facturas irregulares de febrero a noviembre de 2022 y de 581.914 euros entre diciembre de 2022 y enero de 2023, al no haberse aplicado la revisión de precios correspondiente a este servicio.Los cerca de 300.000 euros restantes pertenecen a otras facturas. Sales se ha referido al contrato caducado, desde diciembre de 2022, del servicio BICICAS, que sigue generando facturas irregulares, igual que las que se generan por la compensación de tarifas del servicio público urbano que dan servicio interurbano (líneas de autobús a Benicàssim, Almassora o Borriol).El portavoz ha explicado que “el Ayuntamiento firmó el último convenio con la Generalitat para hacerse cargo de esta compensación de tarifas en diciembre de 2022 y tenía vigencia hasta 31 de diciembre de 2022, es decir, menos de un mes. Por tanto, todas las facturas que llegan de 2023 lo hacen de manera irregular, pero este equipo de gobierno ya está trabajando para firmar un nuevo convenio que acabe con este ‘empastre’ heredado”.Otras facturas irregulares, correspondientes a reconocimientos extrajudiciales de crédito, “que dejarán de serlo porque este gobierno ya ha puesto medios son las correspondientes al servicio de telefonía móvil, que ya tiene contrato en vigor o el de la oficina de recaudación que después de 7 años ya he ha adjudicado o del servicio de mantenimiento de iluminación pública”.