El equipo de gobierno municipal propondrá en el Pleno que se celebrará esta tarde, para su debate y aprobación, una moción sobre la reforma del sistema de financiación autonómica y los fondos no reembolsables, que evidencia que la Comunitat Valenciana es “la peor financiada en el reparto de los fondos del sistema de financiación autonómica”.Según ha adelantado la alcaldesa de Borriana, Maria Josep Safont, el hecho de partir de una situación de desigualdad supone “un esfuerzo mucho mayor”, a fin de, aun con menos recursos, “disponer de liquidez para poder afrontar los pagos inmediatos derivados de la pandemia y contar asimismo con recursos adicionales para hacer frente a los gastos”.A juicio de Maria Josep Safont, para dar una respuesta “eficaz y solidaria”, y también “capaz de garantizar que toda la ciudadanía pueda hacer frente a la emergencia y prepararse para la recuperación sin que nadie quede atrás”, es imprescindible “resolver elproblema de financiación que sufre nuestra Comunitat y por tanto los municipios”.En la moción, ha explicado, además de solicitar al Gobierno de España la apertura del proceso de reforma del modelo de financiación autonómico, se le insta a que los nuevos Presupuestos Generales del Estado sigan el criterio de una inversión real equiparada al peso poblacional de la Comunitat Valenciana en España”, como ya sucedió en los PGE de 2019, que no llegaron a ser ratificados por el Congreso de los Diputados.En la misma línea, ha manifestado la alcaldesa, “solicitamos la aplicación en el presente ejercicio de medidas compensatorias y déficit asimétrico que compense la situación de infrafinanciación de la Comunitat Valenciana, así como que el Fondo No Reembolsable atienda a índices técnicos, objetivos y comparables entre comunidades autónoma, que midan las necesidades de gasto sociosanitario de cada comunidad y el impacto de la parálisis de la actividad en el volumen recaudatorio de cada región”.Asimismo, el texto reclama que el criterio de población potencialmente afectadasea la que predomine en el reparto del fondo de los 10.000 M€ asignados a la dimensión sanitaria de la Covid-19, “sin perjuicio de la solidaridad en el reparto de recursos con aquellas regiones en las que la epidemia ha tenido una mayor incidencia, pruebas realizadas, hospitalizaciones, UCI”, ha puntualizado Safont.El equipo de gobierno municipal solicita igualmente al Gobierno de Españaque el criterio de reparto en los 1.000 M€ para servicios sociales “se base en la población de cada territorio, la población mayor de 65 años y el índice de pobreza relativo, reflejando estas variables las diferencias de necesidades sociales de las CCAA”.Paralelamente, consideran que el criterio de reparto de los 5.000 millones de euros para cubrir la caída de recaudación por la pandemia, se haga “de acuerdo con el esfuerzo fiscal ejercido en cada autonomía, evitando así que se tengan en cuenta de manera interesada las caídas de ingresos como consecuencia de la política de exenciones fiscales aplicadas en detrimento de la cohesión social y territorial de nuestro país”.También aprecian desde el consistorio que se debe valorar “el distinto impacto recaudatorio derivado de la parálisis económica por la pandemia como consecuencia de la distinta especialidad sectorial de cada territorio”.