El presidente de la Diputación, José Martí, ha anunciado que su equipo de gobierno progresista del que forman parte PSPV-PSOE y Compromís llevará este martes al pleno la aprobación de una modificación de crédito por valor de 205.000 euros para garantizar la existencia de recursos económicos suficientes en el caso de que sea necesario incrementar el número de vuelos para el tratamiento aéreo contra los mosquitos. Unas sesiones aéreas que solo se pueden realizar cuando se dan las condiciones que marca la legislación europea vigente en España.De lo que se trata, añade, «es de tenerlo todo dispuesto para que cuando sea preciso volar, se haga, sin demoras innecesarias». No obstante, Martí recuerda que «la programación aérea no responde a criterios de índole política, sino técnica» y que «para efectuarlos siempre resulta imprescindible la pertinente autorización de la Conselleria de Sanidad». Además, señala que los tratamientos terrestres «son más eficaces porque actúan contra larvas y mosquitos adultos, mientras que los aéreos solo eliminan larvas»Al respecto, ha incidido en que «las plagas actuales guardan relación con el cambio climático y que la lucha contra estos insectos nos concierne a todos», por lo que «sería conveniente que todos actuáramos de forma responsable y haciendo la pedagogía que se requiere para abordar una materia como la que nos ocupa».
Carácter excepcional de los vuelos
En este sentido, recuerda que el tratamiento aéreo «se realiza con el mismo larvicida que se aplica de forma terrestre» y que con la normativa en vigor «los vuelos solo se permiten de forma excepcional, cuando hay zonas inundadas a las que no se puede acceder de forma terrestre» y «cuando se detecta una importante presencia de larvas». En esas condiciones, se pueden acometer vuelos «siempre y cuando que la Conselleria de Sanidad expida la pertinente autorización».El apoyo de la Diputación
Siguiendo con esta línea argumental, ha explicado que «durante el año se podrá volar cuando se den las condiciones necesarias gracias a la diligencia de los servicios técnicos de la Diputación de Castellón que, con la suficiente antelación, presentaron ante la Generalitat Valenciana un plan de vuelos para todos los municipios de costa de la provincia, a fin de evitar situaciones como las vividas en algunas localidades el año pasado, cuando la Conselleria de Sanidad no autorizó sesiones aéreas porque sus ayuntamientos no habían presentado el correspondiente plan de vuelos». Un documento imprescindible que este año ha elaborado la Diputación.Competencia municipal
Por su parte, la diputada de Medio Natural, María Jiménez ha recordado que la Diputación de Castellón mantiene su vocación de servicio a los ayuntamientos «para ayudarles a ejercer en las mejores condiciones posibles su competencia municipal de lucha contra los mosquitos». La diputada ha explicado que «a la Diputación le corresponde aplicar tratamientos en las zonas inundadas y de marjal, así como realizar informes de vigilancia y control sobre la existencia de mosquitos en los distintos términos municipales, que se entregan periódicamente a los ayuntamientos para que estos indiquen a las empresas que tienen contratadas dónde y cómo deben aplicar los tratamientos».Reserva de recursos para volar
Jiménez ha sido tajante al asegurar que «hacemos todo lo que está en nuestras manos para contener esta plaga: acelerando la tramitación administrativa del plan de vuelos, con el trabajo técnico de asesoramiento a los ayuntamientos y con la aplicación de los tratamientos que nos corresponde».Y este año, ampliando la dotación presupuestaria inicial para que «si se dan las circunstancia necesarias y Sanidad aprueba la realización de nuevos vuelos, se puedan llevar a cabo con la mayor celeridad, tal como ya se hizo recientemente, los días 11 y 12 de mayo».De todas formas, Jiménez recuerda que son sesiones que solo se pueden aprobar si se dan los supuestos previsto en la ley «y con helicóptero», ya que por razones de «eficacia técnica» en la actualidad no se permite su realización con avioneta.Además, ha referido que «la ley contempla que el tratamiento aéreo es el último recurso porque hay que evitar que haya afección sobre la población y otras especies animales».Sobre la modificación de crédito que el equipo de gobierno llevará el martes al pleno, ha señalado que «en los años anteriores solo fue necesario acometer un vuelo anual pero las previsiones con las que estamos trabajando ponen de manifiesto que es probable que este año haya que incrementar el número de actuaciones aéreas».Más tratamientos que nunca
Jiménez ha informado por último que, desde este año, con el nuevo contrato vigente, se ampliará un 30% el número de jornadas de fumigación terrestre, que pasarán de las 300 de ejercicios anteriores a las 390 que se efectuarán en 2022.