La Diputación Provincial de Castellón ha aprobado el reparto de 1,2 millones de euros del Plan de Empleo entre 134 municipios de la provincia.La Junta de Gobierno celebrada este mediodía ha aprobado la concesión de subvenciones a favor de casi la totalidad de los ayuntamientos de la provincia “logrando con ello el fomento del empleo en el conjunto del territorio”, ha expresado la presidenta de la Diputación, Marta Barrachina.“Desde la Diputación de Castellón estamos haciendo una apuesta muy fuerte por el empleo, la formación y el emprendimiento para lograr que las oportunidades lleguen al conjunto de la provincia”, ha subrayado la dirigente provincial.En esa apuesta por el fomento del empleo, el Gobierno Provincial ha activado en tiempo récord un Plan de Empleo con más recursos, más flexibilidad y con el objetivo de reducir la despoblación. Incidir en que se ha concedido subvención a todos los ayuntamientos que lo han solicitado.La cuantía de la subvención mínima garantizada es de 8.888,88 euros por ayuntamiento que cumpla las condiciones para ser beneficiario, salvo que se haya solicitado un importe de cuantía inferior. Asimismo, se mantiene el anticipo del 100% de la subvención y se mantiene el requisito de contratos con una duración mínima de tres meses a jornada completa.Los beneficiarios del Plan de Empleo serán las personas desempleadas, inscritas como demandantes de empleo en los centros Labora de Empleo de la Generalitat, que preferentemente pertenezcan a colectivos de difícil inserción laboral.Y en cuanto a las novedades de la presente edición, destaca una mayor flexibilidad ya que se permite que los contratos comiencen con fecha anterior a la concesión de la subvención, algo que no suele ser habitual, pero puede darse el caso que de algún ayuntamiento tenga la necesidad de contratar antes. Asimismo, el gasto elegible será el ejecutado y pagado en 2024 hasta la fecha de justificación (8 de noviembre).Con todo, los contratos que se formalicen deberán cumplir una serie de condiciones. Por un lado, las contrataciones que se formalicen deberán tener una duración de al menos tres meses a jornada completa y no podrán exceder de doce meses. En todo caso se garantizará que las personas contratadas tengan un ingreso mensual bruto de al menos el salario mínimo interprofesional (incluyendo la parte proporcional de la paga extra). Asimismo, las contrataciones no podrán servir para cubrir vacantes de los puestos de trabajo de la entidad beneficiaria, es decir, en ningún caso tendrán carácter estructural.Los trabajadores serán contratados para la ejecución de obras o servicios de interés general y social como, por ejemplo, trabajos encaminados a la mejora y mantenimiento de inmuebles, mantenimiento de espacios públicos urbanos, protección y mantenimiento de zonas naturales, promoción del turismo, desarrollo cultural local, promoción del deporte y sector audiovisual, así como el mantenimiento del patrimonio cultural, entre otros.