Dieciocho miembros de dos clanes familiares ingresarán en prisión por tres delitos contra la salud pública y un delito de blanqueo de capitales por traficar con drogas en fincas de la zona de la playa de Almassora, tal y como ha condenado la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Castellón.Estas personas tendrán que cumplir con penas que oscilan entre un año y cuatro años y medio de prisión. La sentencia es fruto de una conformidad entre las partes, que también ha acordado el decomiso de diferentes cantidades de dinero intervenido en los domicilios de los penados, de nueve vehículos y de dos inmuebles que pertenecen a los miembros de los dos clanes y que habían sido adquiridos con las ganancias procedentes de la venta de las sustancias estupefacientes.El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha señalado que estos bienes decomisados pasan así a formar parte del Fondo de bienes decomisado por tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacionados, regulados por la Ley 17/2003, de 29 de mayo.
Investigación en 2018
El caso comenzó a investigarse en mayo de 2018, cuando agentes de la Guardia Civil detectaron un incremento de las aprehensiones de pequeñas cantidades de droga para autoconsumo en controles policiales en una misma zona de la localidad de Almassora.Durante la investigación se determinó que estas sustancias provenían de dos fincas de la zona de la playa que estaban gestionadas por dos conocidos clanes familiares que estaban especializados en la venta de drogas al menudeo.Los agentes responsables de la investigación realizaron seguimientos y pudieron comprobar cómo se vendían las sustancias estupefacientes no solo desde los domicilios de los penados, sino también desde otro puntos del municipio, como una parada de autobús o el ambulatorio.Con ello, el pasado 6 de julio de 2020, se produjo la entrada y registro en seis inmuebles de la zona de la playa de Almassora y otros dos en las residencias temporales de los penados en Castelló de la Plana, donde se localizó cocaína y marihuana, utensilios para preparar su venta y dinero en efectivo. Además, en dos de estos inmuebles hallaron una pantalla de metacrilato en la ventana desde donde se vendía la droga que servía de medida de seguridad anticovid.Todas las viviendas registradas disponían de medidas de seguridad especiales, con muros de carga de dos metros de altura, puertas acorazadas, rejas o sistemas de videovigilancia. En algunos de los casos los agentes del instituto armado tuvieron que acceder incluso a través de butrones en las paredes.Seis de las personas procesadas compraron viviendas y vehículos con pagos al contado, pese a que no trabajaban y sus ingresos eran muy inferiores al importe de dichos bienes, lo que constituye un delito de blanqueo de capital, según la resolución judicial.