El pleno de la Diputación aprueba un presupuesto de 168,3 millones de euros, un 13% más que en 2020

Entre las novedades, la institución provincial estrenará un nuevo sistema de financiación de atención primaria que desahogará a los pequeños ayuntamientos

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El pleno de la Diputación aprueba un presupuesto de 168,3 millones de euros, un 13% más que en 2020

La reconstrucción y el impulso de la provincia ante el impacto de la pandemia, la protección y la sostenibilidad serán los objetivos principales de la Diputación de Castelló para este 2021. Y es que hoy el pleno de la administración pública provincial ha aprobado un presupuesto “histórico para un momento histórico” de más de 168 millones de euros, tal y como ha señalado el presidente, José Martí. Lo ha hecho con los votos a favor del PSPV-PSOE, Compromís y Ciudadanos, mientras que el PP ha votado en contra.

“Entramos en el gobierno en 2019 con un presupuesto heredado que no podíamos reorientar; en 2020 hicimos un trabajo importante para garantizar la estabilidad del gasto y nos encontramos con la pandemia de la COVID-19… pero hemos sido capaces de reorientarlo sin endeudarnos este 2020 y, para 2021, hemos conseguido un presupuesto histórico”, señalaba el diputado de Hacienda, Santiago Agustí, durante la presentación de las cuentas públicas junto al presidente y al diputado de Sostenibilidad, Ciclo Integral del agua, Residuos y Reciclaje y Energías Renovables, Ignasi Garcia, también portavoz de Compromís.

En 2021, la Diputación de Castelló contará con un presupuesto de 168,3 millones de euros, un 13% más que en 2020, en el que las cuentas se situaron en los 148,9 millones de euros. “Es un presupuesto muy trabajado y sobre todo que ha escuchado mucho, porque se ha elaborado teniendo en cuenta a la sociedad civil a través de las mesas de trabajo, al 100% de los alcaldes y alcaldesas de los municipios con las Cumbres, al equipo técnico de la Diputación, a los diputados y diputadas y a los grupos políticos con representación”, ha destacado Agustí.

 

En concreto, estos casi 170 millones de euros se articulan en cuatro ejes: Reconstruir Castelló, con 37,4 millones de euros repartidos en materia de obras, ayudas para pymes y autónomos – como novedad para responder a esta necesidad ante la pandemia , para el fondo de Cooperación de la Generalitat Valenciana o para turismo; Impulsar Castelló, con 32,5 millones destinados a la promoción de circuitos culturales, patrimonio, deporte, bomberos e investigación; Proteger Castelló, con 11 millones que irán hacia los servicios sociales y a políticas de promoción de igualdad; y Hacer más sostenible Castelló, con 14 millones de euros con el objetivo de lograr la eficiencia hídrica y energética, impulsar la recogida selectiva de residuos, ampliar el servicio de educación ambiental o garantizar el abastecimiento y saneamiento del agua con el Plan Director del Agua.

Para el presidente, José Martí, que hoy ha visto aprobadas las cuentas en el pleno con los votos a favor del PSPV-PSOE, Compromís y Ciudadanos y el «no» del PP, la Diputación se ha “reinventado” para actuar frente al COVID-19: “Hemos hecho historia porque es un presupuesto histórico en un momento histórico, seguimos con el cambio que hemos defendido siempre y queremos ser la palanca de cambio y reconstrucción de la provincia y seguir con la lucha contra la despoblación y la captación de fondos europeos, esenciales en este momento”.

Nuevo modelo de financiación de atención primaria

Una de las principales novedades para 2021 es que la Diputación de Castelló estrenará un nuevo modelo de financiación de la atención primaria para los municipios de menos de 10.000 habitantes, un total de 124 poblaciones. Para ello, se destinarán 4,2 millones de euros, “un esfuerzo económico muy importante pero que vale mucho la pena”, en palabras de la vicepresidenta de la Diputación y diputada de Bienestar Social, Patricia Puerta.

Así, desde el 1 de enero la institución provincial se hará cargo de la práctica totalidad del coste ligado al personal de los servicios sociales y de las prestaciones de urgencia, como son las ayudas de emergencia social, para combatir la pobreza energética y de atención domiciliaria. Para concretar esta nueva relación interinstitucional se procederá a la formalización de un contrato-programa con cada ayuntamiento, en el que se especificarán los detalles de las acciones a desarrollar y su financiación.

En cuanto al pago de la financiación, la responsable de Bienestar Social ha explicado que se agilizarán los trámites para que los ayuntamientos dispongan a lo largo del primer trimestre del año el 90 por ciento de la cantidad que por población les corresponde. “Nos hemos marcado como fecha límite el 31 de marzo de 2021 para firmar los nuevos contrato-programa. Es esencial que así sea porque no podemos permitir que los ayuntamientos tengan que adelantar gran parte del dinero cuando todavía no han recaudado sus impuestos o que el propio personal asuma servicios con sus recursos hasta que lleguen los fondo”.

Para Puerta, este cambio es “un gran avance social” porque este sistema permitirá diseñar planes de actuación a más largo plazo y garantizar la empleabilidad a cuatro años vista del personal adscrito a estos servicios, con todas las mejoras en cuanto a atención y cuidado de las personas que ello comporta”.

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