El Consell aprueba un decreto ley para la ampliación del parque público de viviendas en la Comunitat Valenciana
Oltra: "El objetivo es dar respuesta, con carácter urgente e inmediato, a las necesidades de vivienda, agravadas por la crisis de la COVID-19"
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El Consell ha aprobado el decreto ley para la ampliación del parque público de viviendas en la Comunitat Valenciana mediante el ejercicio de los derechos de tanteo y retracto.La vicepresidenta y portavoz del Consell, Mónica Oltra, que ha comparecido en rueda de prensa tras la reunión semanal del Gobierno valenciano, ha asegurado que el decreto ley "pretende dar respuesta, con carácter urgente e inmediato, a las necesidades de vivienda, que se han visto agravadas como consecuencia de los efectos socioeconómicos de la COVID-19".A este respecto, la vicepresidenta ha destacado que el Gobierno valenciano "considera necesario contar con un parque público de viviendas que, igual que ocurre con otros países de nuestro entorno, contribuya, de forma efectiva y eficaz, a garantizar el derecho constitucional a la vivienda en nuestro territorio".Por su parte, el vicepresidente segundo y conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, Rubén Martínez Dalmau, que ha comparecido en la rueda de prensa para explicar las bases del decreto ley, ha insistido en que "supondrá un antes y un después en las políticas públicas en vivienda, no solo en la Comunitat Valenciana, sino también en el resto del Estado español".En este sentido, Dalmau ha hecho hincapié en que en el decreto ley "se dan, por primera vez, las herramientas necesarias para evitar que las casas donde vive la gente acaben siendo propiedad de los fondos de inversión".De este modo, el decreto ley para la ampliación del parque público de viviendas en la Comunitat Valenciana impulsa derecho de adquisición preferente de viviendas por parte de la Administración al introducir, por primera vez, la cualificación permanente de las residencias adquiridas mediante el ejercicio de los derechos de tanteo y retracto, lo que supone la incorporación de estas al régimen de protección pública con carácter general y sin límite temporal.
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