Los y las castellonenses que cumplan con unos requisitos fijados por el Gobierno podrán beneficiarse de una ayuda directa de 200 euros. Se trata de una de las principales medidas anunciadas este sábado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el objetivo de hacer frente a la inflación derivada de la Guerra de Ucrania y que ha disparado el IPC. Sánchez anunció durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros Extraordinario que este nuevo paquete de medidas asciende a 9.000 millones de euros, de los cuales 5.500 millones son de gasto para proteger a familias y empresas y 3.500 corresponden a rebajas fiscales. Por tanto, hasta finales de este año se habrán invertido cerca de 15.000 millones de euros en la respuesta al aumento de precios derivado de la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Este domingo, el Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado el Real Decreto-ley 11/2022, de 25 de junio, por el que se adoptan estas medidas, que incluyen, además de la ayuda de 200 euros para familias vulnerables, la reducción del 50% del precio de abonos mensuales y de cualquier tipo de abonos de empresas de transporte estatal, un aumento del 15% de las pensiones de jubilación e invalidez no contributivas, la reducción del IVA del recibo de la luz al 5% o la reducción de 20 céntimos en el litro de combustible hasta el 31 de diciembre. Así, los vecinos y vecinas de todos los municipios de Castelló podrán solicitar esta ayuda de 200 euros para combatir el aumento de precios que ha encarecido el día a día de todas las familias. 
¿Quién puede pedir la ayuda?
El artículo 31 del Real Decreto-ley 11/2002, de 25 de junio, introduce esta línea directa que se dirige a personas físicas de bajo nivel de ingresos y patrimonio, que sean asalariadas, autónomas o desempleadas. En concreto, estas personas deben estar dadas de alta en la Seguridad Social o mutualidad, o sean desempleadas inscritas en la oficina de empleo, sean beneficiarias o no de la prestación por subsidio por desempleo. Además, en 2021 tienen que haber percibido ingresos inferiores a 14.000 euros anuales y un patrimonio inferior a 43.196,4 euros anuales. Y deben tener residencia legal y efectiva en España en la fecha de entrada en vigor del real decreto-ley y haberla tenido de forma continuada e ininterrumpida durante al menos el año inmediatamente anterior a dicha fecha.
¿Es compatible con otras prestaciones?
A estas condiciones hay que añadir incompatibilidades. No tendrán derecho a la ayuda quienes, en la fecha de entrada en vigor del presente real decreto-ley, perciban el ingreso mínimo vital o sean pensionistas abonadas por el Régimen General y los Regímenes especiales de la Seguridad Social o por el Régimen de Clases Pasivas del Estado. Y es que de acuerdo con el decreto publicado por el BOE, las pensiones de jubilación e invalidez no contributivas y el ingreso mínimo vital aumentan un 15% hasta finales de año. Quienes perciban prestaciones análogas a las anteriores reconocidas a profesionales no integrados por el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos por las mutualidades de previsión social que actúen como alternativas al régimen especial de la Seguridad Social mencionado tampoco podrán acogerse, siempre que se trate de prestaciones por situaciones idénticas a las previstas para la correspondiente pensión de la Seguridad Social. 
¿Cómo se gestiona?
Si se cumple con los requisitos, la solicitud se debe presentar en la sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, a través de un formulario electrónico en el que deberá figurar la cuenta bancaria en la que se desee realizar el abono. La Agencia Estatal de Administración Tributaria será la encargada de tramitar la solicitud. El plazo para presentar las solicitudes comenzó el domingo con la publicación del decreto en el BOE y finaliza el próximo 30 de septiembre de 2022. Si el 31 de diciembre de 2022 no se ha recibido la transferencia bancaria de 200 euros, se entenderá que la solicitud ha sido desestimada. Esta ayuda llegará a los beneficiarios en un pago único y el Ejecutivo prevé que destinará 540 millones de euros para hacerla efectiva.