La Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana ha revisado de forma exhaustiva la gestión económica, presupuestaria, contable y contractual del Ayuntamiento de Castellón en los ejercicios 2024 y 2025 y ha concluido que la contratación municipal se ha ajustado, en sus aspectos significativos, a la normativa vigente, salvo las excepciones identificadas en el propio informe.
Conclusiones del informe
El concejal de Hacienda, Juan Carlos Redondo, ha valorado positivamente el resultado de la fiscalización y ha subrayado que se ha tratado de una revisión de gran alcance. “Estamos satisfechos con el resultado de esta auditoría porque estamos hablando de una fiscalización de enorme alcance, que ha examinado toda la gestión económico-financiera del Ayuntamiento durante dos ejercicios completos. Y recoge conclusiones favorables sobre aspectos fundamentales de nuestra gestión”, ha manifestado.
Según el informe, la Sindicatura ha revisado los expedientes completos de los presupuestos municipales, sus modificaciones de crédito, las liquidaciones presupuestarias y las cuentas generales de ambos ejercicios. También ha analizado varios contratos de gran relevancia, entre ellos los de limpieza viaria y recogida de residuos, mantenimiento de jardines y zonas verdes, rehabilitación del Mercado Central y colaboración en la recaudación, además de una muestra de contratos menores y los procedimientos de tesorería y pago.
Entre las conclusiones que recoge la fiscalización figura que la Cuenta General de 2024 contenía los documentos legalmente exigidos y que se presentó dentro del plazo establecido. El informe también ha indicado que la Intervención municipal ha elaborado y remitido los informes anuales al Pleno y a la Intervención General de la Administración del Estado dentro de los plazos previstos, además de informar sobre las omisiones de fiscalización detectadas.
Reparos y respuesta del Ayuntamiento
Una de las observaciones de la Sindicatura ha afectado a los gastos tramitados mediante reconocimientos extrajudiciales de crédito y a determinadas deficiencias en la tramitación y licitación de contratos. Redondo ha explicado que, según la Intervención municipal, esos procedimientos no se han producido por falta de recursos presupuestarios, sino por retrasos en la tramitación administrativa de determinados contratos.
El concejal ha destacado además que la evolución histórica de esos expedientes ha reflejado una reducción próxima al 80 % en el número de facturas y al 70 % en el número de expedientes si se comparan determinados ejercicios con etapas anteriores. “Nuestro objetivo es seguir reduciendo el recurso a este procedimiento excepcional mediante una mejor planificación y tramitación de los contratos”, ha afirmado.
La Sindicatura también ha señalado la falta de tres documentos complementarios en la documentación presupuestaria, relacionados con la planificación de inversiones, la programación de la sociedad mercantil municipal y las previsiones de financiación. El Ayuntamiento ha respondido que dos de esos documentos ya se habían incorporado al expediente del presupuesto de 2026, tramitado a finales de 2025, antes de la fiscalización.
Medidas sobre control interno y conflictos de interés
En materia de contratación, el Ayuntamiento ha explicado que antes la Asesoría Jurídica informaba solo los pliegos de cláusulas administrativas particulares, mientras que ahora ese informe se extiende a la totalidad del expediente contractual. Además, el consistorio ha indicado que revisará la documentación de los contratos menores para adecuarla a las exigencias señaladas por la Sindicatura, que ha considerado insuficiente la motivación recogida para acreditar que no se alteraba el objeto contractual con el fin de eludir los límites legales de ese procedimiento.
El informe también ha hecho constar que, en la mayoría de los expedientes analizados, no existía constancia de medidas específicas para la lucha contra la corrupción y la prevención de conflictos de interés. Redondo ha defendido que el Gobierno municipal aplica los medios de control y las medidas anticorrupción preceptivos a través de la Asesoría Jurídica, el Órgano de Gestión Presupuestaria y otros departamentos competentes, y ha insistido en que las fiscalizaciones externas “permiten detectar deficiencias y mejorar los procedimientos administrativos”.
“No se trata de ignorar las recomendaciones, sino de analizarlas, atenderlas y continuar mejorando. De hecho, la mayoría de las medidas ya se habían adoptado voluntariamente antes de que se realizara esta fiscalización”, ha añadido el concejal, que ha cerrado su valoración con el compromiso de seguir trabajando en la planificación presupuestaria, el control del gasto, la transparencia y el cumplimiento de la legalidad.