El gobierno municipal solicitará en el pleno que Burriana “sume su voz para exigir ética bancaria”
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El equipo de gobierno municipal de Burriana propondrá en el Pleno de esta tarde, para su debate y aprobación, una moción que insta a las entidades bancarias a que ofrezcan atención personalizada en ventanilla durante el horario que las oficinas estén abiertas al público, para “facilitar una atención más comprensible a la ciudadanía y, en especial, a las personas mayores y a las personas con diversidad funcional”, según ha adelantado la alcaldesa de Borriana, Maria Josep Safont.Desde el gobierno municipal de Borriana, ha asegurado Safont, “queremos poner de manifiesto la falta de ética por parte de algunas entidades con el abandono de servicios y la aplicación de cuotas abusivas. Sin duda, estamos ante una situación de maltrato a los colectivos más vulnerables y, por extensión, a la población en general”.Por ello, ha continuado, “es preciso que incorporen iniciativas alineadas con los criterios y valores de la Responsabilidad Social y, si no, que las administraciones públicas, como garantes de los derechos de la ciudadanía y en su representación, legislen y regulen una normativa bancaria más justa y solidaria, especialmente para las personas más vulnerables”.En la moción, ha destacado la alcaldesa, “también pedimos que no se cobren comisiones por conceptos derivados del servicio de atención a las personas que no tienen las habilidades para poder hacer de forma autónoma las diferentes gestiones en los cajeros automáticos” y, además, que se aplique “una tarifa social en cuanto a las comisiones, en función de las características de cada cliente”.Igualmente, ha continuado Safont, “reclamamos que los productos financieros que se ofrezcan por parte de estas entidades sean transparentes y comprensibles, y que haya claridad en la redacción para no confundir a las personas en la contratación de productos que desconocen o incurrir en gastos innecesarios y abusivos”.Por todo ello, el gobierno municipal solicitará que Burriana sume su voz para pedir que “si las entidades bancarias no son capaces de dar solución para atender las necesidades de su clientela, especialmente, en los casos de riesgo de no poder ejercer sus derechos como consumidor por situaciones concretas de vulnerabilidad, tendrán que ser los poderes públicos competentes los que aseguren la asunción de estos compromisos de manera reguladora”.
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