La Diputación de Castellón ha incluido en el orden del día del pleno ordinario de septiembre, previsto para el 22 de septiembre, una moción en defensa de la soberanía española de Ceuta y Melilla y para pedir al Gobierno de España que adopte medidas extraordinarias ante los acontecimientos que se están viviendo en la Ciudad Autónoma de Ceuta.
Fecha y principales demandas
El vicepresidente y portavoz del Gobierno provincial, Héctor Folgado Castellón, ha defendido la iniciativa como una muestra de apoyo a Ceuta y a sus habitantes. “Con esta moción queremos mostrar nuestro firme apoyo, solidaridad y cercanía con la Ciudad Autónoma de Ceuta, sus instituciones y todos los ceutíes y expresar nuestro compromiso con la defensa de su seguridad, convivencia, derechos y libertades”, ha afirmado.
Según ha explicado Folgado, la moción también busca reclamar al Ejecutivo central que ejerza plenamente sus responsabilidades y actúe “con la firmeza que requiere una cuestión de Estado”. En la propuesta de acuerdo, la Diputación pretende instar al Gobierno de España a desplegar y mantener en Ceuta todos los recursos, medios y capacidades del Estado que sean necesarios, incluidos cuantos recursos extraordinarios resulten precisos, hasta garantizar la recuperación plena de la normalidad, la seguridad, el orden público y el ejercicio efectivo de los derechos fundamentales y constitucionales de los ceutíes.
El vicepresidente provincial ha subrayado además que “Ceuta y Melilla son parte inseparable de Nación española y su soberanía no se cuestiona, no se negocia y se defiende”.
Reconocimiento a los servicios que actúan en Ceuta
El texto que se someterá a aprobación incorpora también un reconocimiento a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, las Fuerzas Armadas, la Policía Local, los servicios de emergencia y los empleados públicos que están interviniendo en Ceuta en defensa de la seguridad, la convivencia y los derechos de los ciudadanos.
Folgado ha concluido que “Ceuta y Melilla son parte inseparable de España y su defensa constituye una responsabilidad irrenunciable del Gobierno Central y del conjunto de las instituciones del Estado”.