“La pandemia ha puesto sobre la mesa muchas deficiencias que ya conocíamos pero ante las que no actuábamos”. Las palabras de Mariló Catalá, educadora social, son quizás algunas de las más recurrentes en los debates que ha despertado el coronavirus, aunque ella las centra en el sistema educativo. La docencia ha pasado de ser presencial a íntegramente online y este giro de 180 grados ha dejado claro que la
brecha digital juvenil es un reto en el escenario actual para las administraciones públicas. Especialmente, en la Comunitat Valenciana, donde siguen existiendo zonas con dificultades para acceder a internet y familias que no cuentan con los dispositivos necesarios.Como señala Catalá, no se trata de algo nuevo. De hecho, en esta nueva legislatura se ha creado la
Dirección General para la Lucha contra la Brecha Digital en la Comunitat Valenciana, que tiene previsto crear un observatorio para marcar las líneas de actuación en los próximos años.Su directora,
María Muñoz, destaca la importancia de atender esta deficiencia: “Cuando hablamos de brecha digital nos referimos a la diferencia entre la población que tiene acceso a las tecnologías – banda ancha, dispositivos y competencias digitales- y la que no. Esto tiene muchísimas consecuencias, porque vivimos en un momento en el que la esfera digital es indispensable en nuestra vida cotidiana”.En concreto, puede ralentizar el aprendizaje desde edades muy tempranas e incluso en la madurez, fomenta el absentismo y el abandono escolar y durante el confinamiento hasta final de curso muchos alumnos y alumnas se han quedado en el camino al no tener dispositivos o acceso a internet con una velocidad de más de 100 MB para seguir las clases. Todo ello en una etapa clave para adquirir valores y habilidades que condicionarán su edad adulta.
La Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de Información y Comunicación en los Hogares del Instituto Nacional de Estadística (INE) de 2019 muestra que el 9,3% de las viviendas de la Comunitat Valenciana -
165.608- no tienen acceso a internet. Asimismo, el 80% de los hogares tiene algún tipo de ordenador o tablet, los dispositivos adecuados para la formación académica. Un porcentaje elevado que, sin embargo, refleja que el 20% restante – es decir, 356.443 familias- no disponen de dispositivos o tiene teléfono móvil, con una pantalla reducida en la que es difícil trabajar.El Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) también advierte de su gravedad. Conocido como PISA, este evalúa hasta qué punto el alumnado que cursa el final de la educación obligatoria – la ESO en España- ha adquirido conocimientos y habilidades para participar plenamente en la sociedad. En 2018, un 5% de los y las estudiantes de los países analizados dijeron no tener acceso a internet, lo que hizo a los países más afectados obtener resultados más bajos en cuanto al rendimiento escolar.Asimismo, el estudio ‘Los niños y niñas de la brecha digital en España’ de UNICEF (2018), explica que la juventud afectada “partirá de una situación de desventaja en el proceso educativo y estará en inferioridad de condiciones frente a quienes tienen más habilidades y oportunidades de uso”.
Un problema invisible que abarca muchas esferas
Una de las causas que más influye en esta desigualdad es la situación socioeconómica de la familia ya que, a menores ingresos, menor acceso a internet o a dispositivos y a la inversa, según refleja la última encuesta de equipamiento del INE. Esto se observa de forma clara en los hogares donde los ingresos mensuales netos son menores a los 900 euros, con un 42,4% de familias sin ningún tipo de ordenador y un 22,6% sin internet en la Comunitat Valenciana, en este caso un poco por debajo de la media española.La Encuesta de Condiciones de Vida del INE revela que en 2018 los ingresos medios de la región fueron de 10.232 euros, que equivalen a unos 850 euros al mes. La tasa AROPE –que tiene en cuenta la población en riesgo de pobreza, con carencias materiales o baja intensidad en el empleo- fue del 30,2% y el riesgo de pobreza se situó en un 26%. Estos porcentajes muestran que son muchas las viviendas con necesidades, y el Alto Comisionado para la Lucha contra la Pobreza Infantil apunta que el año pasado 1 de cada 5 menores de edad en España estaba en riesgo de pobreza infantil.
Además, las personas que viven en zonas rurales y montañosas del
interior de la Comunitat Valenciana presentan
más dificultades porque el despliegue de las infraestructuras es más complejo y las operadoras tienen problemas a la hora de ofrecer sus servicios. En este sentido, el Informe de la Sociedad de la Información, Telecomunicaciones, el Sector TIC y los Contenidos del Ministerio de Economía indica que en 2017 la región registraba el 10,1% de las líneas de banda ancha de España, concretamente 1.482.822.El mapa de zonas blancas de la Conselleria de Infraestructuras pone el foco en la provincia de Castelló, alrededor del área metropolitana de València y en los pueblos pequeños y urbanizaciones de playa y montaña, que tienen peor conexión. El Campello, Sant Vicent del Raspeig, Oliva, Miramar, Cullera, Requena, Buñol, Turís, Llombai, Atzeneta del Maestrat, Morella, Peñíscola o Morella son algunas de estas localidades.Muñoz explica que el resto de desigualdades sociales también van de la mano de la brecha digital y la población migrante, el pueblo gitano, las minorías étnicas y las personas con diversidad funcional presentan barreras en el acceso. “Todo colectivo que ya presenta dificultades es más vulnerable a la brecha digital, pese a que las nuevas tecnologías y las competencias digitales pueden ser grandes aliadas para su inserción”, lamenta.Sin embargo, para la directora general, uno de los aspectos más significativos es que, más allá de las cuestiones socioeconómicas, impacta mucho el
nivel formativo y sociocultural de las personas. Tal y como informa la Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías del INE, el 78,3% de las viviendas sin internet no disponen de este recurso porque “no lo necesitan” o “no les interesa”; el 47,7% de las personas encuestadas alega que es por tener pocos conocimientos; y el 35,3% “porque los costes del equipo son demasiado altos”.Además, insiste en que esta preocupación por la brecha digital juvenil es “relativamente reciente” porque “históricamente se ha pensado que los niños son nativos digitales y adquieren de forma natural esas competencias, pero la situación actual desmonta todo eso”. El estudio del INE de 2019 señala que el 17,2% de los niños y niñas valencianas de 10 a 15 años no utilizó el ordenador en los últimos 3 meses, y el 8,4% tampoco accedió a internet en ese periodo. Por ello, Muñoz pide pensar en la juventud también como víctima de esta desigualdad.
“No hay un perfil claro”
El pasado 14 de marzo se decretó el estado de alarma y el confinamiento indefinido para frenar el avance del coronavirus, por lo que también se suspendieron las clases físicas en centros educativos de todos los niveles. La docencia pasó a ser online y así se ha alargado hasta final de curso, más de tres meses después.“Este periodo
ha dejado descolgados a muchos niños y niñas, especialmente de primaria”. Alba Sereno, educadora social y maestra, ha sido una de las personas que pese a la cuarentena ha seguido trabajando para garantizar el derecho a la educación de estudiantes afectados por la brecha digital en Catarroja, un municipio de València. Lo ha hecho junto con Mariló Catalá, también educadora social, en una actuación conjunta entre los colegios y Servicios Sociales.Hasta ahora, Catalá se encargaba de la coordinación periódica entre familias y centros educativos para prevenir el absentismo escolar u otras deficiencias a través del programa Ámbar, desde un ámbito más social. Pero el COVID-19 ha llevado a dar un paso más y Sereno se ha unido al equipo con una vertiente más educativa para que estos niños y niñas no se queden atrás y puedan seguir el ritmo del resto de la clase.Según explica la maestra, durante estos meses ha ayudado a 40 estudiantes de 18 familias tanto en su domicilio como por teléfono. “Les he atendido dos o tres veces por semana y además de darles clase, el objetivo ha sido que pudiesen crear sus propias rutinas y adquirir más responsabilidades. Yo he sido un vínculo entre la escuela y servicios sociales”, declara.Ambas subrayan que la mayoría ya estaba en los expedientes de servicios sociales, pero también hay nuevos casos de familias que requerían ayuda. “Esta pandemia ha puesto encima de la mesa las deficiencias del sistema educativo que ya conocíamos pero sobre las que no actuábamos, como la brecha digital o el elevado ratio de las aulas”, asegura Catalá.Por su parte, Alba Sereno explica que no hay un perfil claro de niños y niñas que se encuentran en esta situación, “pero la gran mayoría de estas familias tiene una renta baja y una carencia organizativa”. Añade, además, que “es una disfunción delegar el rol de maestro en la madre, lo que aumenta aún más la desigualdad” y que, más allá de la banda ancha o de los dispositivos, las competencias digitales son fundamentales para llevar a cabo esta docencia virtual.Pocos días después de finalizar el curso y esta etapa educativa, Sereno confiesa que se siente muy satisfecha de su labor y se queda con la cara de ilusión de estos niños y niñas, “que incluso han trabajado más que antes”, y del agradecimiento de sus familiares y docentes. A su lado, Mariló Catalá explica que este servicio se mantendrá por el gran resultado y visibilización que ha conseguido hasta que sea necesario. “Se tiene que haber aprendido de esta situación y yo creo que es un momento óptimo para cambiar las deficiencias que había y que estaban colapsadas”, cuenta.
“Tenemos que actuar por su participación social y política”
Pese a que no hay informes específicos sobre la brecha digital juvenil en la Comunitat Valenciana y las estadísticas tampoco incluyen detalles del uso y acceso a las TIC de menores de 10 años, las cifras revelan que más de 165.000 hogares no tienen acceso a internet, casi la mitad de estas familias tiene pocos conocimientos en la materia y
356.000 familias no dispone de ordenadores o tabletas para estudiar o teletrabajar.Esta situación dificulta la inclusión de las generaciones más jóvenes porque “ya nadie puede vivir aislado del mundo digital, dentro o fuera de las escuelas”. El último informe de PISA, además, insiste en que es necesario reducir esa forma de desigualdad que afectará a sus expectativas, profesiones y relaciones sociales y advierte: “Un sistema educativo es más o menos equitativo según sea capaz de conseguir que el rendimiento de sus estudiantes dependa de sus capacidades y no de sus circunstancias definidas por su contexto social, económico y cultural”.En la misma línea se posiciona UNICEF, que destaca que “la escuela es un ámbito de especial importancia en el que, dependiendo de cómo se trabaje, podemos reducir o agravar las desigualdades y ahondar en la vulnerabilidad de ciertos niños más expuestos y en situaciones de riesgo”. Por ello, pide que las políticas públicas se orienten a compensar la brecha digital con valores cívicos además de conocimientos.La Conselleria de Educación se encuentra elaborando un censo de alumnado afectado por esta desigualdad para cubrir esta necesidad y adaptarse a las nuevas necesidades, según fuentes oficiales. Además, durante la pandemia ha llegado a un acuerdo con Huawei y Telefónica para adquirir 14.000 tablets con conexión móvil a internet de 40GB mensuales y se ha anunciado la compra de 15.000 más para el curso 2020-2021.
10.000 de estas tabletas se han enviado a los 375 centros educativos públicos de ESO, Bachillerato y Formación Profesional, y la dirección de estos centros se ha encargado de distribuirlas como préstamo priorizando al alumnado que requería obtener una titulación. Este criterio también se ha seguido en el reparto de 2.774 líneas de acceso a internet móvil del Ministerio de Educación para los institutos. Las otras 4.000 se han destinado a los 311 colegios públicos y concertados con estudiantes del nivel 1 y 2 del índice Socioeconómico y Cultural (ISEC), al igual que en el reparto grande.Además, el curso 2020-2021 contará con un
plan de digitalización para colegios e institutos públicos y concertados dotado con 33 millones de euros. Un programa que tiene como objetivo “mejorar los centros educativos y ofrecer una educación de calidad que no se quedará solo en la ‘era COVID-19’, sino que ha venido para quedarse”, según el secretario autonómico de Educación, Miguel Soler.El plan incluye formación en herramientas digitales tanto al profesorado como al alumnado y las familias que lo requieran, un aumento de líneas en la plataforma Webex para mejorar la formación en línea, la mejora del cableado de los centros y el reparto de las tablets y ordenadores portátiles, que se reforzará con la partida que se espera del gobierno. Soler, en este sentido, ha valorado que
es hora de “olvidarse de las aulas de informática y ver las herramientas y las nuevas tecnologías como un complemento a la formación presencial que mejore la calidad de la educación”.La directora general de la Lucha Contra la Brecha Digital en la Comunitat Valenciana explica que ya se está trabajando en la creación del Observatorio de la Brecha Digital en la región con una línea dedicada a la juventud y que el objetivo es formar en competencias digitales tanto a alumnado como a profesorado basándose en el Marco de Competencias Digitales para los Ciudadanos de la Unión Europea.“Creo que tenemos trabajo por delante y hay que ver el acceso a las tecnologías y la reducción de la brecha digital como una prioridad porque además de influir en el acceso laboral y educativo, estas herramientas son una vía para la participación pública y social de la ciudadanía. Si la población joven accede a ellas, se podrá ver más representada”, asegura Muñoz.
