La Comunitat Valenciana trabaja para disponer de un plan de
Justicia Inclusiva y Accesible en el cual está previsto
actuar en un total de 33 sedes judiciales para eliminar todas las
barreras arquitectónicas, sensoriales y cognitivas que obstaculizan o dificultan el acceso a los tribunales para las personas con diversidad funcional.Concretamente, además de en las tres capitales de provincia, se van a realizar estas intervenciones en los juzgados de Vinaròs, Nules y Segorbe, en la provincia de Castelló; Massamagrell, Montcada, Requena, Quart de Poblet, Catarroja, Picassent y Carlet, en la provincia de València; y Elda, Dénia, Benidorm, Novelda, Sant Vicent del Raspeig, Orihuela y Torrevieja, en la provincia de Alicante. Estos proyectos se unen a la instalación de 90 bucles magnéticos que reducen el sonido ambiente que perciben las personas con audífonos o implantes cocleares.Este modelo de gestión integral, que garantizará la igualdad de derechos para todos los ciudadanos y ciudadanas,
beneficiará a las más de 310.000 personas con diversidad funcional, sensorial o cognitiva que viven en el territorio valenciano y que representan al
6,2% de la población. El plan valenciano se va a articular siguiendo cinco ejes y doce líneas de actuación gracias a una
inversión de 6,1 millones de euros por parte de la Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública.
Lectura fácil de sentencias
Además, el servicio de
lectura fácil de sentencias que se puso en marcha como experiencia piloto en Castelló se puede solicitar ya en las sedes judiciales de València y Alicante. Esta ayuda se canalizará a través de las
unidades de atención social que contarán también con personal facilitador que harán de nexo entre las personas con diversidad funcional que lo necesiten y la Administración de Justicia para que este colectivo comprenda su participación en los procesos judiciales que le afecten.A esto hay que unir la creación de
plazas de refuerzo para la Fiscalía de profesionales especializados en
Trabajo Social en las tres capitales de provincia.Además, se contempla la puesta en marcha de
Servicios de Orientación Jurídica especializados para atender a las personas con diversidad funcional que serán completamente gratuitos, lo mismo que la Mediación y la atención específica para este colectivo por parte de la
red de Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito.Asimismo, se potenciará la formación especializada de las plantillas de la Administración de Justicia y, en colaboración con la Universitat de València, se elaborará una guía que contenga todos los recursos que tienen a su disposición las personas con discapacidad intelectual.
Una Justicia inclusiva
Tal y como explica la consellera
Gabriela Bravo, "aunque la legislación defienda los derechos de las personas con discapacidad, la existencia de entornos o servicios inaccesibles para ellas suponen una vulneración". Para Bravo, este modelo "
cubre todos los ángulos para conseguir una Justicia inclusiva: desde el más obvio, como la eliminación de las barreras arquitectónicas en todas las sedes judiciales de las tres provincias al más sutil como la puesta en marcha de programas para la accesibilidad cognitiva como el servicio del facilitador de los tribunales o el de lectura fácil de sentencias".En este sentido, la consellera ha animado a la Judicatura a unirse a estas iniciativas ya que "si es responsabilidad de la Generalitat el poner más recursos para ofrecer mejor servicio a la ciudadanía, también los operadores jurídicos están con cernidos a utilizarlo para conseguir una mejor Administración de Justicia para todos y todas".Para Bravo, este proyecto "es una consecuencia más de esa
intolerancia hacia la desigualdad que caracteriza la acción política del Consell que, desde el primer momento, centró su gestión en el cuidado de las personas y en la protección constante de sus derechos y libertades para que cualquiera, independientemente de sus condiciones, sea el resultado de sus decisiones y no el producto de sus circunstancias".
