El Ayuntamiento de la Vall d'Uixó y la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas han iniciado el proceso para el traspaso de las competencias de la residencia de mayores Hogar Sagrada Familia, que ahora gestiona directamente el Ayuntamiento pero es una competencia autonómica, como recoge la Ley 3/2019 de Servicios Sociales Inclusivos.Tras varios años solicitando que la Conselleria asuma sus competencias, el Ayuntamiento ha recibido una notificación para crear una mesa de diálogo bilateral para negociar y trazar la hoja de ruta para realizar este traspaso. El grupo de trabajo del Ayuntamiento estará formado por la alcaldesa, Tania Baños, la concejala de Servicios Sociales, Marian Artero, el secretario general, el interventor y la funcionaria responsable del área de Servicios Sociales.La alcaldesa y la concejala de Servicios Sociales han pedido a la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas que convoque cuanto antes esta mesa, que tratará dos asuntos fundamentales: el personal para garantizar la seguridad laboral y jurídica de los trabajadores y trabajadoras, y la ubicación de la residencia, ya que el edificio es propiedad de la Caja Rural San Isidro (cedido desde la década de 1970).Baños ha explicado que el Ayuntamiento de la Vall d'Uixó "invierte cada año 1 millón de euros en este servicio, que es competencia autonómica". Así, aunque la Conselleria aporta 1,6 millones de euros anuales, el servicio tiene un coste de 2,6 millones de euros. "Este millón de diferencia lo estamos pagando con los impuestos de los valleros y valleras, lo que supone una desventaja respecto a otros ayuntamientos que no tienen este gasto, más cuando muchos de los usuarios del Hogar Sagrada Familia son de otros municipios".Artero ha señalado que la pandemia de la Covid-19 ha puesto en el foco las residencias y "desde el Ayuntamiento hemos redoblado los esfuerzos personales y económicos para garantizar el bienestar de los 64 residentes del Hogar Sagrada Familia". En este sentido, ha apuntado que "mientras esté en nuestras manos aportaremos todos los recursos que sean necesarios, pero hay que adaptar la situación a la Ley y que la Conselleria asuma su gestión".