El conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, y el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, se han reunido este martes en Madrid para tratar una posición común en materia de agua, la nueva PAC y la defensa del sector agroalimentario frente a la competencia desleal de terceros países.
El encuentro se ha celebrado en la sede de la Consejería de Madrid y, según han coincidido ambos responsables, ha servido para reforzar la cooperación entre comunidades autónomas en defensa de una agricultura competitiva, con seguridad jurídica y con las mismas reglas para todos.
Reciprocidad en las importaciones agroalimentarias
Barrachina ha subrayado que “la Comunitat Valenciana y la Comunidad de Madrid comparten una visión clara: el agua debe ser una política de Estado y el campo español no puede competir en desventaja frente a productos que llegan de fuera de la Unión Europea sin las mismas exigencias”.
El conseller también ha defendido que “los agricultores y ganaderos españoles cumplen con una de las normativas más exigentes del mundo en sanidad vegetal, sanidad animal, bienestar, trazabilidad y sostenibilidad”. En ese contexto, ha reclamado que “todo producto que entre en el mercado europeo cumpla las mismas condiciones que se exigen a nuestros productores”.
Durante la reunión, ambos han abordado la reciprocidad y la igualdad de trato de los productos agroalimentarios importados a la Unión Europea, una iniciativa impulsada por la Comunitat Valenciana y aprobada el pasado 26 de marzo por todas las comunidades autónomas.
Ese documento se ha remitido al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para su incorporación a la posición negociadora del Estado y después se ha trasladado al comisario europeo de Agricultura, Christophe Hansen. Entre sus ejes figuran el impulso de cláusulas espejo efectivas y verificables en los acuerdos comerciales, el refuerzo de los controles fitosanitarios, la consolidación de sistemas europeos de vigilancia preventiva y alerta rápida, una mayor transparencia en los flujos de importación y la activación de salvaguardas comerciales ágiles cuando existan incumplimientos o perturbaciones del mercado.
Barrachina ha resumido su posición con una frase: “La reciprocidad no es proteccionismo, es justicia”. Y ha añadido: “Si Europa exige a sus agricultores determinados estándares, debe garantizar que los productos importados compitan bajo las mismas reglas. Sin igualdad de trato no hay competencia leal”.
El conseller ha señalado además que esta cuestión afecta especialmente a sectores estratégicos para la Comunitat Valenciana, como los cítricos, las frutas, las hortalizas y el arroz, que soportan una presión creciente por la entrada de producciones de terceros países.
Política hídrica y nueva PAC
En materia de agua, Barrachina y Novillo han coincidido en la necesidad de una política nacional basada en el consenso, la solidaridad entre territorios, la planificación técnica y la inversión en infraestructuras. El conseller ha defendido que “España necesita un Pacto Nacional del Agua serio, estable y alejado de planteamientos partidistas, porque el agua es clave para la cohesión territorial, la seguridad alimentaria, la competitividad empresarial y el bienestar de los ciudadanos”.
Ambos responsables han compartido también la necesidad de priorizar infraestructuras hidráulicas, modernizar redes, impulsar la digitalización, reducir pérdidas, avanzar en reutilización y regeneración, y reforzar la capacidad de adaptación frente a sequías e inundaciones.
Barrachina ha insistido en que “la política del agua no puede decidirse contra los territorios que producen alimentos ni contra quienes gestionan el recurso cada día”. En esa línea, ha reclamado la participación efectiva de las comunidades autónomas, los regantes, los usuarios y los sectores productivos afectados en cualquier reforma o planificación hídrica.
El conseller también ha defendido que la aplicación de las nuevas normas de explotación debe hacerse con evaluación objetiva, transparencia, información técnica verificable y análisis de sus efectos económicos, sociales y ambientales sobre los territorios afectados.
Por último, el encuentro ha servido para tratar la nueva Política Agraria Común y la necesidad de que el próximo marco europeo tenga en cuenta la rentabilidad de las explotaciones, la simplificación administrativa, el relevo generacional y la defensa de agricultores y ganaderos frente a una carga normativa cada vez mayor.