La Conselleria de Educación, Cultura y Universidades ha propuesto en la mesa sectorial destinar los 4,15 millones de euros previstos en la partida de brecha salarial de los ejercicios 2025 y 2026 al personal de administración y servicios (PAS) de los centros educativos.
Según la propuesta, la medida se ha dirigido a los colectivos con menores niveles salariales dentro de la Administración educativa: subalternos, administrativos de los grupos C1 y C2, fisioterapeutas y trabajadores sociales. En total, la iniciativa beneficiaría a 2.236 empleados públicos.
Una medida orientada a corregir desigualdades
El director general de Personal Docente, Pablo Ortega, ha recordado que las cantidades destinadas a la brecha salarial durante los años 2022, 2023 y 2024 se distribuyen de manera lineal entre el conjunto del funcionariado docente. No obstante, ha defendido que la finalidad de esta partida es corregir desigualdades retributivas, por lo que resulta coherente dirigir los recursos a aquellos colectivos que presentan mayores diferencias salariales respecto al resto de trabajadores del sistema educativo.
La Conselleria ha subrayado además que la medida tiene una dimensión de igualdad, ya que los colectivos beneficiarios presentan una elevada presencia femenina. En concreto, el 73 % del total, unas 1.635 mujeres, se verían favorecidas por la propuesta.
De este modo, la mayor parte de los recursos públicos destinados a esta actuación recaerían directamente sobre mujeres trabajadoras, contribuyendo a avanzar en los objetivos de igualdad retributiva y reducción de las brechas salariales existentes.
Impacto en el personal de los centros
La Conselleria también ha destacado el papel esencial del personal de administración y servicios en el funcionamiento diario de los centros educativos. Ortega ha explicado que sus tareas de atención al público, gestión administrativa y económica, apoyo al alumnado con necesidades específicas, intervención social y coordinación de servicios son fundamentales para garantizar una educación pública de calidad.
En este sentido, la propuesta se plantea como un reconocimiento al trabajo que realiza este colectivo y como una vía para mejorar la motivación profesional, favorecer la estabilidad de las plantillas y dignificar puestos que, históricamente, han tenido niveles retributivos inferiores a los de otros colectivos de la Administración educativa.