El Consell ha aprobado el anteproyecto de la Ley del Suelo de la Comunitat Valenciana, una norma con la que el Gobierno valenciano pretende establecer un nuevo marco regulador para la ordenación del territorio y el urbanismo en la autonomía.
El texto sustituirá íntegramente al Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2021, de 18 de junio, conocido como TRLOTUP, después de las sucesivas modificaciones introducidas desde la ley de 2014. Según el Consell, esa evolución normativa ha generado un marco legal fragmentado y complejo.
Un marco más simple para el planeamiento
La Generalitat ha explicado que el anteproyecto se ha elaborado tras un proceso abierto de reflexión en el que han podido participar administraciones, agentes sociales y ciudadanía. La norma busca simplificar trámites, eliminar cargas innecesarias, corregir incoherencias y clarificar la redacción, al tiempo que mantiene la protección del territorio, el respeto al medio ambiente y la seguridad jurídica.
Uno de los ejes del texto es el refuerzo del acceso a la vivienda, con especial atención a la vivienda sujeta a algún régimen de protección pública. También pretende ofrecer un marco más estable y previsible para la aplicación de las políticas urbanísticas y territoriales.
En materia de planeamiento, la ley sitúa la ordenación territorial como pieza estructural del sistema y la vincula con las políticas de vivienda, industria, infraestructuras, transporte y protección ambiental. El nuevo Plan General pasa a configurarse como un instrumento esencialmente estratégico y directivo, mientras que la ordenación pormenorizada corresponderá al planeamiento de desarrollo, con el objetivo de agilizar la aprobación, revisión y adaptación de los planes.
Además, se crea el Plan Urbanístico Simplificado para municipios pequeños o en riesgo de despoblación, con menor carga técnica y trámites adaptados a sus necesidades.
Vivienda, proyectos estratégicos y suelo no urbanizable
El anteproyecto fija reservas de edificabilidad residencial alineadas con la legislación básica estatal: un 40 % en suelo urbanizable y un 20 % en actuaciones de reforma o renovación en suelo urbano.
También incorpora los Proyectos de Interés Autonómico (PIA) como instrumento para impulsar iniciativas consideradas estratégicas en términos de inversión y creación de empleo estable. Estos proyectos podrán aprobarse en un plazo de seis meses si requieren licencia ambiental, o de nueve meses si precisan Autorización Ambiental Integrada, siempre previo acuerdo del Consell.
En paralelo, la norma precisa el régimen del suelo no urbanizable y distingue entre suelo común y protegido. Asimismo, introduce fórmulas más flexibles de gestión urbanística, con participación de la gestión público-privada, la gestión municipal y la gestión por los propietarios.
Licencias, rehabilitación y disciplina urbanística
El texto también modifica la intervención administrativa. Para ello, aclara la diferencia entre licencias y declaraciones responsables e incorpora la licencia básica o de aspectos esenciales para agilizar, en determinados supuestos, la actividad edificatoria. La ley mantiene, además, la colaboración de las entidades colaboradoras urbanísticas en la tramitación de licencias.
En lo relativo a las edificaciones preexistentes fuera de ordenación, el anteproyecto prevé órdenes individualizadas de minimización, que deberán cumplir condiciones de seguridad, salubridad e integración paisajística.
La disciplina urbanística se refuerza con la actuación de la Agencia Valenciana de Protección del Territorio, a la que la Generalitat atribuye la función de garantizar una aplicación homogénea de la normativa y una respuesta más eficaz frente a las actuaciones ilegales.
En conjunto, el Consell enmarca la nueva ley en un modelo urbanístico basado en la rehabilitación, la movilidad sostenible, la eficiencia energética y el equilibrio territorial.