La consellera de Servicios Sociales, Familia e Infancia, Elena Albalat, ha criticado el acuerdo de distribución territorial de los fondos para la atención de menores migrantes no acompañados abordado este jueves en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia. Según ha señalado, el Gobierno central ha reducido en más de un 70 % la financiación destinada a las comunidades autónomas respecto al ejercicio anterior.
Albalat ha lamentado también que el reparto se haya aprobado en Consejo de Ministros antes de ser debatido en la conferencia sectorial. “Es un ninguneo más a las comunidades autónomas y una nueva muestra del carácter impositivo del Gobierno. La Conferencia se convierte en un mero trámite cuando las decisiones ya llegan aprobadas, sin voluntad de diálogo ni de consenso”, ha afirmado.
Menos fondos para 2026
La consellera ha explicado que la Comunitat Valenciana no se ha opuesto al reparto para no impedir que los fondos lleguen al conjunto de territorios beneficiarios, aunque ha insistido en que “la financiación es insuficiente”.
En concreto, ha indicado que en 2025 el Estado ha destinado 100 millones de euros para apoyar a las comunidades autónomas en la atención de estos menores, de los que 7,4 millones han correspondido a la Comunitat Valenciana. Para 2026, la propuesta ha contemplado un fondo de 35 millones para todas las autonomías, con 2.588.581 euros para la Comunitat Valenciana.
Sobreocupación del sistema valenciano
La responsable de Servicios Sociales ha recordado que la Comunitat Valenciana ha recibido ya 243 menores trasladados desde otros territorios y que, según los datos del Ministerio, durante 2026 ha atendido a más de 1.000 menores migrantes. También ha advertido de que la financiación estatal únicamente cubre los 100 primeros días de atención, pese a que los menores permanecen más tiempo en el sistema de protección y son atendidos por la Generalitat con fondos propios.
Albalat ha añadido que el sistema valenciano de protección de la infancia registra una sobreocupación superior al 160 % y ha cuestionado que el Ministerio atribuya a la Comunitat Valenciana una capacidad ordinaria de 1.900 plazas, “una cifra que no se corresponde con la capacidad real de nuestro sistema de protección”.
La consellera ha reclamado al Gobierno una financiación superior, estable y estructural para garantizar una atención adecuada a los menores migrantes no acompañados. “Cada vez recibimos más menores y, sin embargo, el Estado reduce la financiación y la Comunitat Valenciana no puede asumir en solitario un esfuerzo que corresponde a todas las administraciones”, ha remarcado.
Recursos judiciales contra los traslados
Ante esta situación, la Generalitat ha mantenido distintas actuaciones judiciales para defender las competencias autonómicas en materia de asistencia social y protección de menores, así como el principio de autonomía financiera, al considerar que el Estado obliga a las comunidades autónomas a asumir gastos que no han sido presupuestados.
Por un lado, la Generalitat ha presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional contra el Real Decreto-ley 2/2025. Además, la Conselleria de Servicios Sociales ha mantenido recursos por la vía contencioso-administrativa contra las resoluciones estatales que han acordado reubicaciones sin una motivación suficiente y sin una valoración individualizada de cada menor, incluyendo casos de jóvenes próximos a la mayoría de edad o con vínculos familiares en otras comunidades autónomas que, según ha indicado, no se han tenido en cuenta.
Albalat ha destacado que ya se han dictado sentencias que anulan resoluciones de traslado por falta de motivación. “Estas resoluciones confirman que el Ministerio no explica los criterios por los que asigna cada menor a una comunidad autónoma, lo que genera indefensión e impide comprobar si el traslado responde realmente a su interés superior”, ha señalado.