Las administraciones públicas, desde la más próxima hasta la más internacional, tienen que ir de la mano para garantizar los derechos sociales. Derechos que peligran en el presente y futuro y que pasan más desapercibidos que otros para una gran parte de la sociedad. Es una de las principales convicciones de Ignasi Garcia, diputado de Ciclo integral del agua, Transición Energética y energías renovables y Residuos de la Diputació de Castelló, que destaca el papel del Plan Director del Agua que impulsa la institución provincial en la lucha por la justicia hídrica. Hablamos con el también concejal de Gestión Integral de Residuos del Ayuntamiento de Castelló para que nos explique, en esta primera parte de la entrevista con Castelló Extra, cómo se abordan problemáticas globales desde la perspectiva local.
Acabáis de presentar una Guía práctica para facilitar la aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y avanzar en los objetivos de la Agenda 2030. Ahora, participaréis en reuniones con los ayuntamientos para explicar estas medidas. ¿En qué dudan más nuestros consistorios en cuestiones relacionadas con esta agenda?
Yo creo que hay muchos ayuntamientos que tienen claro qué es la Agenda 2030, y que lo asumen y la quieren desarrollar, pero la provincia de Castelló tiene su idiosincrasia particular. De los 135 municipios, 89 tienen menos de mil habitantes y esto es un hándicap en la hora de hacer mucha gestión, es decir, hay grandes proyectos que no se pueden desarrollar y muchas veces estas propuestas no nos las tienen en cuenta. No solo ocurre con las propuestas que vienen de la ONU, la política española en si ya es suficiente urbanocentrista, se ha notado en decisiones como, por ejemplo, la norma de la mascarilla al aire libre. Entonces, hay pueblos que no acaban de entender por qué les proponemos lo que les proponemos, o por qué esto es un problema, pero hay muchas diferencias. Por ejemplo, tenemos educadores ambientales de la Diputación que están yendo a los municipios de menos de 5.000 habitantes y nos trasladan que ellos han preparado un plan de educación ambiental, pero mucha gente mayor de estos pueblos ya separa los residuos o ni siquiera llega al kilo y medio diario que sale de media en los hogares urbanos. 
Por lo tanto, esta diferenciación urbano-rural yo creo que es el hándicap más grande que tenemos. Sin embargo, el problema no creo que lo tengamos tan solo en los municipios, sino que está la parte global. El hecho de darnos cuenta de lo que viene, aunque parezcamos un poco adivinos prediciendo el futuro en la plaza del pueblo y diciendo que subirán las temperaturas y habrá sequías. Parece una tontería, pero nadie le da importancia hasta que llega el problema. Este es el gran reto y la gran ventaja de la Agenda 2030. El tema está en si los representantes políticos que lo tienen que gestionar son conscientes de que realmente hay un problema y que ellos tienen que tener las miras largas y prepararse para el futuro, o si por el contrario están más preocupados para ocupar poder y que pase el tiempo. Y sí, algunos hacen cosas, pero no son grandes transformaciones, mientras que otros sí que son conscientes de que nos estamos jugando garantizar los derechos de la ciudadanía.
¿Hay problemas que parecen más invisibles y se dejan pasar?
Nadie tiene ningún problema con el agua hasta que abre el grifo y no hay. Con la energía pasa el mismo, nadie presta atención a la energía, hasta que no tienes luz. Entonces, tenemos que darnos cuenta de que el sistema de crecimiento está metiendo nuestro sistema en problemas, y cuando hablamos de energía no estamos hablando de una cosa abstracta, el precio de la luz se subasta. Estamos hablando de la energía que carga los móviles, que tan importantes son para todos nosotros, o de tener el calentador de agua, o lavar la ropa, ir a trabajar, o movernos. 
Por tanto, algunas políticas que se han llevado a cabo y donde se han invertido muchos millones de euros tienen consecuencias y favorecen ciertos modelos económicos de ciertas industrias y, evidentemente, hacer una transición puede generar tensiones a nivel territorial. Esta situación ha pasado y pasará, porque no se puede hacer una norma y decir: "A partir de ahora cambiamos todo el sistema del agua embotellada, porque el coste energético que supone es muy alto". No se puede hacer, porque detrás de todo esto hay una industria, entonces cambiar y apostar por un consumo única y exclusivamente del grifo también implica reconversiones, y simplemente tenemos que saberlo, saber que esto se hará y cómo se harán estos cambios. Estas situaciones hay que tenerlas mucho en cuenta, y las transiciones de cómo se producen, qué gastamos o no gastamos, qué materias primas tenemos, como las transportamos... se dan la vuelta a cómo estamos trabajando hoy en día, no solo desde el punto de vista privado, sino también desde el punto de vista de la administración pública.
Durante la presentación de esta guía, destacáis que el Plan Director del Agua que se impulsa desde tu área en la Diputación, juega un papel fundamental. ¿Cuál es su motivación?
Lo primero que hay que entender, aunque pare una obviedad, es que sin agua no podemos vivir. Pare una bobada, ¿pero de qué sirve que en Peñíscola tengan mil plazas hoteleras, si tienen un problema en el suministro de agua? Dicho esto, nuestras comarcas que beben de acuíferos tienen una realidad, y es que estos se recargan en las zonas de interior, pero, en cambio, por nuestra orografía se filtra y llega a la costa, con la circunstancia de que los pueblos de interior de pocos habitantes no tienen infraestructuras de extracción bastante potentes, o no tienen agua, o es muy cara de conseguir, mientras que los municipios de costa que están recargándose de los pueblos de interior a los cuales ya los cogieron la población, y tienen el agua mucho más económica. 
¿Tenemos garantizada el agua ante la situación de cambio climático? Bien, la experiencia nos dice que en 2008 en Barcelona llegaron barcos con agua porque hubo una sequía muy grande. El pasado octubre hubo restricciones de agua en l'Empordà, en la Costa Brava. Podemos pensar, "como tenemos agua, vamos tirando", o podemos pensar que una de las consecuencias de una subida de las temperaturas por el cambio climático es la aparición de grandes sequías. Es verdad que se generan contradicciones. De hecho, los dos últimos años hubieron dos fuertes temporales, el Gloria y el Filomena, que permitieron una gran recarga de acuíferos y tuvimos muy pocos problemas de agua. Pero, este año estamos a enero, todavía no ha nevado y yo estoy asustado, porque esta provincia ha llegado a tener 20 municipios de 135 que tienen garantizada el agua con cubas. Un hectómetro cúbico de cuba es carísimo, tiene un precio inasumible. Como hemos dicho, un pueblo sin agua es un pueblo que no funciona, y nosotros tenemos que intentar garantizarla. Hasta ahora había una política hídrica que consistía en un cartel para hacer un trasvase, que realmente pretendía alimentar sobre todo la parte de costa, aunque es en el interior donde tenemos el principal problema. No podemos estar hablando de reto demográfico, si después hay gente que no tiene garantizado este derecho.
¿En qué consiste este plan?
En ese sentido, el plan tiene cuatro pilares. El primero: garantizar el agua indistintamente de las condiciones climáticas y en todo el territorio. Hay una parte que trata sobre la investigación de acuíferos, puesto que sabemos que a causa de la orografía durante los periodos prehistóricos se formaron grandes masas de agua que nos pueden servir para dar el suministro que necesitamos en base al crecimiento que tenemos planteado humano, industrial y ganadero. 
Después, una parte muy importante: queremos hacer inversión en eficiencia hídrica. Uno de los problemas que tiene nuestra provincia es que el agua que llega en alta (que viene del depósito) tiene muchas fugas. Esto no es un problema de esta provincia, Europa ha advertido que en todo el continente y en España hay que hacer una mejora de las infraestructuras hídricas, en parte en modernización - es decir, controles de caudales por saber donde están las fugas y así avanzarse a los problemas - y también en control de consumos. Por último, una nueva gobernanza. En pocas palabras, la competencia del agua es municipal, pero los problemas no los puede solucionar un solo municipio. A parte, nosotros entendemos que por una cuestión de reto demográfico y lucha contra el despoblamiento, el precio tiene que ser único. Hay provincias que han hecho el mismo, por ejemplo Badajoz tiene una empresa que se llama Promedio, justamente porque busca la media en el coste del agua, y esa es también nuestra propuesta. Al final es una cuestión de responsabilidad, si nosotros bebemos agua que llega de otro lugar, tenemos que compensar y sobre todo es una manera de garantizar los derechos. Hay que tener en cuenta que todos los pueblos tienen que tener unas buenas opciones por si tienen problemas de agua, y ahí es muy importante el Consorcio Provincial que queremos crear, donde yo creo que tendrían que involucrarse todos los municipios, y además de esto está la parte de la infraestructura. Para poner un ejemplo, Castelló tiene dos acuíferos ahora mismo, uno más superficial que está contaminado de nitratos, y uno más profundo que es del que nosotros bebemos. Pero Borriol tiene un acuífero mucho más superficial que cuando vino la tormenta Filomena acabó con un movimiento de tierras, se enturbió y estuvo quince días sin agua adecuada.
¿Qué necesita para avanzar mucho más?
Poder garantizar esto requiere mucha inversión, y nosotros el trabajo que hemos hecho tiene un gran valor (es decir, presentar el plan director, lograr el consenso político, presentar alegaciones para que el plan entre dentro de los planes de las cuencas hidrográficas, y nos consta que la del Ebro lo quiere incluir y queremos que lo considere también la del Júcar). Además, hay que sumar el gasto para hacer los anteproyectos, el estratégico llega al 95% de la población, y también estamos haciendo todas las anillas de los diferentes municipios. Evidentemente, queremos que el Estado y la Generalitat nos den dinero porque nosotros no podemos pagarlo todo. 
Creemos que con esas inversiones, conectando desaladoras, metiendo pozos estratégicos y haciendo conexiones entre pueblos podríamos garantizar que en ningún pueblo le faltase nada. Y además de esto también queremos crear el Consorcio Provincial del agua, que en ese aspecto hemos dado muchos pasos desde la parte política, y ahora el que nos faltan son unos estatutos y su constitución. La última cosa que sí que hemos puesto en el presupuesto, que queremos poner las bases en marcha después de los remanentes, porque lo pusimos al anterior y por un tema de bloqueo en el área de cooperación no pudimos arrancarlo, es la parte de eficiencia hídrica. Vamos a poner en marcha una web porque los Ayuntamientos evalúan su eficiencia hídrica y meter un millón y medio de euros, que serán una ayuda si los Ayuntamientos quieren mejorar su red. Es básicamente porque los Ayuntamientos vayan haciendo esas inversiones, que se tienen que hacer para no perder una gota de agua y tener un mejor control y entendemos que es la parte de corresponsabilidad con que nosotros vayamos a invertir a garantizar el suministro de agua.
¿Piensas que la ciudadanía en general es consciente de esta desigualdad? Parece que no se hable de ella habitualmente.
No se habla habitualmente, porque al final esto en la factura tampoco se nota tanto. En la factura del agua hay una parte que son los cánones que se tienen que pagar, los cánones que son solidarios, cánones que sirven porque el agua que echamos esté depurada y ahí hay mucho gasto. Una depuración que tiene que hacerse justamente por el respecto a la biodiversidad, y más si pensamos que en nuestra provincia bebemos de acuífero. Sí que hay gente que es consciente, sobre todo la gente que vive en pueblos que sabe que el agua tiene un precio que se dispara y se compara, pero la mayoría de la gente que vive en Castelló si no tiene un domicilio en otro municipio no sabe de esa desigualdad. Al final nosotros lo asumimos y vivimos con esto.