La presidenta de la Diputación Provincial de Castellón, Marta Barrachina, ha llevado ante la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) su firme exigencia al Gobierno de España para que proceda a la actualización de las entregas a cuenta. Esta medida es fundamental para garantizar la capacidad financiera de los ayuntamientos y las diputaciones, permitiéndoles afrontar sus responsabilidades y la prestación de servicios públicos esenciales.
La Comisión de Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos Insulares de la FEMP ha celebrado su reunión este lunes, 25 de mayo, en la Diputación Provincial de Valencia. Durante este encuentro, se ha llevado a cabo la aprobación de una declaración conjunta que defiende la autonomía local y reivindica una financiación justa para las entidades territoriales.
Para enriquecer este documento, la presidenta Barrachina ha propuesto la inclusión de un punto crucial. Este apartado insta al Gobierno Central a actualizar de manera urgente las entregas a cuenta correspondientes a la participación de las entidades locales en los tributos del Estado. La propuesta subraya la necesidad de adecuar estas entregas a la evolución real de los ingresos y a las previsiones macroeconómicas vigentes. El objetivo principal, según ha expresado Marta Barrachina, es “garantizar la capacidad financiera de las entidades locales, reforzar su capacidad de prestación de servicios públicos esenciales y dotarlas de mayor estabilidad y certidumbre presupuestaria en el ejercicio de sus competencias”.
La dirigente provincial ha enfatizado que la evolución de los ingresos del Estado y las variaciones en el contexto macroeconómico “hacen imprescindible que los mecanismos de financiación local respondan con agilidad y precisión, evitando desajustes que puedan comprometer la capacidad de gestión de los gobiernos locales”. Además, ha incidido en la necesidad de “avanzar en medidas que permitan adecuar los recursos disponibles a la realidad económica actual y a las necesidades crecientes de la ciudadanía”.
La reclamación de la actualización de las entregas a cuenta y la garantía de la capacidad financiera de las entidades locales ha sido una constante en la agenda de la presidenta de la Diputación de Castellón. Al respecto, la máxima responsable provincial ha reclamado al Gobierno de España el dinero que adeuda a la provincia por este concepto. Este importe, pendiente desde 2023, podría alcanzar los 250 millones de euros, una cifra que se ha incrementado debido al aumento de la población y la mayor recaudación de impuestos por parte del Gobierno de España.
La ausencia de aprobación de los Presupuestos Generales del Estado desde el año 2023 ha generado un considerable desfase entre la cantidad que cada ayuntamiento debería recibir de la recaudación de impuestos y lo que realmente está percibiendo. Por ello, desde el Gobierno Provincial, se ha mantenido la exigencia de una actualización real de las entregas a cuenta para 2026, basándose en el incremento de la recaudación de los tributos del Estado durante los ejercicios 2023, 2024 y 2025. “No vamos a dejar de alzar la voz para exigir lo que es justo y corresponde a los ayuntamientos y diputaciones”, ha añadido la presidenta de la Diputación de Castellón.
Más reivindicaciones de la Diputación de Castellón
Además de la crucial demanda sobre las entregas a cuenta, el Gobierno Provincial ha impulsado un manifiesto, junto a alcaldes y alcaldesas de la provincia de Castellón, en el que han mostrado su profunda preocupación por la actual limitación en el uso de los recursos económicos disponibles por parte de las entidades locales. Esta restricción se deriva directamente de la aplicación de las reglas fiscales.
Tal y como se ha señalado en el manifiesto, que ha sido remitido al Gobierno de España, las actuales limitaciones impiden que estos fondos puedan ser utilizados plenamente para dar respuesta a las necesidades reales de la ciudadanía. Esto, a su vez, restringe la capacidad de inversión en servicios públicos, infraestructuras y políticas sociales.
Por todo ello, los firmantes del manifiesto han solicitado:
- El desbloqueo inmediato de las reglas fiscales que afectan a las entidades locales.
- La autorización para que ayuntamientos y diputaciones puedan utilizar sus remanentes de tesorería de manera plena y flexible.
- El reconocimiento de la autonomía local en la gestión de sus recursos económicos.
Estas exigencias también se han reivindicado a través de una moción que ha sido aprobada por el pleno de la Diputación de Castellón. La presidenta ha añadido que “permitir el uso de los remanentes supondría impulsar inversiones necesarias en los municipios, mejorar la calidad de los servicios públicos, reactivar la economía local y dar una respuesta más eficaz a las necesidades de la ciudadanía”.