La Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA) ha reducido el pago del alquiler a 1.955 familias que residen en viviendas del parque público durante el último año, a través de bonificaciones. La medida, impulsada por la Generalitat, ha tenido como objetivo aliviar la carga económica de los hogares en situación de vulnerabilidad que viven en inmuebles públicos.
Desde julio de 2025, la EVHA ha destinado un total de 1.993.891 euros a estas rebajas de renta. La entidad, dependiente de la Vicepresidencia Primera y Conselleria de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, ha explicado que el cálculo de las bonificaciones ha tenido en cuenta el importe del arrendamiento, los ingresos y el número de miembros de la unidad de convivencia.
La directora general de la EVHA, Estefanía Martínez, ha señalado que, en muchos casos, “la bonificación puede alcanzar hasta el 90 % del alquiler, lo que demuestra el compromiso del Consell con las personas con menos recursos, facilitándoles el acceso a una vivienda digna y evitando el posible riesgo de exclusión social”.
Por provincias, la distribución de las ayudas ha sido de 991.931 euros en Valencia, correspondientes a 990 familias; 618.294 euros en Alicante, para 637 hogares; y 383.665 euros en Castellón, que han beneficiado a 328 familias.
Bonificaciones para familias numerosas y monoparentales
Además del sistema general, las familias numerosas o monoparentales también han podido acceder a una reducción del alquiler en función de sus ingresos. En esos casos, la renta se ha podido rebajar entre un 15 % y un 40 %.
Campañas informativas en el parque público
Para difundir estas líneas de apoyo entre los colectivos vulnerables, la EVHA y su Servicio de Mediación Social, financiado por el Fondo Social Europeo, han organizado campañas de divulgación dirigidas a los residentes del parque público.
Martínez ha explicado que estas actuaciones han incluido reuniones informativas para detallar las medidas de flexibilización del Consell y encuentros individuales para evaluar la situación de cada unidad familiar y ajustar la renta a sus circunstancias socioeconómicas.
La directora general también ha subrayado que la colaboración con las entidades locales ha sido imprescindible, ya que los servicios sociales municipales han sido los competentes para acreditar, mediante el correspondiente informe social, las circunstancias que justifican el otorgamiento de estas bonificaciones.