La Vicepresidencia Primera y Conselleria de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad ha convocado una nueva línea de ayudas para financiar los gastos derivados del asesoramiento jurídico profesional en casos de desalojo o recuperación de la posesión de viviendas ocupadas ilegalmente en la Comunitat Valenciana, así como para cubrir posibles reparaciones de daños en esos inmuebles.
La convocatoria, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), cuenta con una dotación global de 250.000 euros, ampliable hasta los 750.000 euros. Las ayudas contemplan un máximo de 500 euros para sufragar gastos de asesoramiento legal y hasta 1.500 euros por beneficiario para reparaciones de daños ocasionados en la vivienda.
Quién puede pedirlas y qué documentación exige la convocatoria
Podrán solicitar estas ayudas las personas propietarias o usufructuarias de una vivienda ubicada en la Comunitat Valenciana que haya sido objeto de ocupación ilegal y que, además, acrediten vecindad administrativa en la autonomía con una antigüedad mínima de un año en el momento de presentar la solicitud.
El plazo para presentar solicitudes termina el 10 de septiembre. La tramitación debe realizarse, preferentemente, a través del formulario disponible en la sede electrónica de la Generalitat. La convocatoria exige aportar, entre otra documentación, el título que acredite la titularidad o el derecho de usufructo, la denuncia o demanda que pruebe la ocupación ilegal y un documento que justifique el coste de los servicios profesionales solicitados.
El Consell sitúa la medida dentro de su plan contra la ocupación
La vicepresidenta primera y consellera, Susana Camarero, ha subrayado que la nueva línea tiene como objetivo prioritario “proteger a los propietarios de viviendas frente a la ocupación ilegal” y ha defendido que supone “un nuevo paso para garantizar el derecho a la propiedad”. Camarero ha añadido que esta medida también figura en las cuentas públicas de la Generalitat para 2026, donde la dotación presupuestaria alcanzará el millón de euros.
En la misma línea, ha señalado que el Consell pone a disposición de los propietarios “un nuevo instrumento que combina una respuesta jurídica y económica, orientada a reforzar la seguridad jurídica, recuperar la confianza en el mercado de la vivienda y garantizar el derecho a la propiedad”.
La consellera también ha afirmado: “Frente a una Ley de Vivienda del Gobierno de España que protege más al 'okupa' que al propietario, este Consell actúa con firmeza frente a la ocupación ilegal persiguiendo el delito, proporcionando seguridad jurídica y apoyando al propietario. Y todo ello, sin renunciar a las políticas sociales de acceso a la vivienda”.
Más fondos en 2026 y nuevos servicios de atención
Según ha explicado Camarero, los presupuestos de la Generalitat para 2026 incrementan los recursos destinados a perseguir este tipo de casos. La partida para asesoramiento jurídico y reparación de daños se elevará hasta 1.000.000 de euros y, en paralelo, la línea de ayudas para el fomento del alquiler y la cobertura de impagos del arrendamiento también subirá hasta otro millón de euros. Con ello, la dotación total alcanzará los dos millones de euros.
La titular de Vivienda ha enmarcado estas medidas en el Plan Integral contra la Ocupación de Viviendas puesto en marcha por el Consell y ha defendido que implica un cambio de modelo para afrontar la ocupación ilegal y la inquiocupación. También ha vinculado este problema con la falta de vivienda y ha asegurado que la Generalitat está actuando “en todos los frentes”, con más construcción de vivienda, movilización de suelo, apoyo a los jóvenes y protección a los propietarios.
Además, ha destacado la puesta en marcha de la Oficina de Atención a las Víctimas de Ocupación, ya operativa, con el objetivo de ofrecer asesoramiento, prevención y atención integral y gratuita en toda la Comunitat Valenciana.
La Conselleria ha concluido que su compromiso pasa por reforzar la prevención, mejorar la coordinación y agilizar la respuesta frente a la ocupación ilegal.