La secretaria autonómica de Administración Pública, Eva Palomares, ha presidido la Mesa Sectorial de Función Pública en la que se ha negociado una nueva orden para unificar el baremo aplicable a los concursos de provisión de puestos de trabajo de la Administración de la Generalitat.
Un sistema único para todos los grupos y puestos
La propuesta, impulsada por la Conselleria de Economía, Hacienda y Administración Pública, plantea sustituir los tres baremos que conviven en la actualidad por un único criterio común. Según el departamento, la coexistencia de distintos sistemas de valoración ha incrementado la complejidad administrativa, ha generado divergencias en la aplicación de los criterios y ha alargado los procedimientos al exigir convocatorias sucesivas y diferenciadas para puestos con rango de jefatura y puestos base.
La Conselleria ha defendido que la unificación permitirá aplicar un mismo baremo a todos los grupos y subgrupos profesionales y a cualquier tipo de puesto, con el objetivo de simplificar y homogeneizar el modelo vigente. El nuevo baremo también facilitaría la convocatoria conjunta de los concursos, en lugar de realizar procesos separados.
Relación con la ley de función pública valenciana
La iniciativa se ha planteado en el marco de la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Función Pública Valenciana, que obliga a convocar concursos de traslados antes de adjudicar destinos al personal de nuevo ingreso. La Conselleria ha sostenido que esa previsión exige un sistema de provisión coherente, coordinado y ágil, que garantice la movilidad del personal funcionario con objetividad y seguridad jurídica.
Además, la nueva orden incorporaría una fase de adjudicación de resultas, de acuerdo con lo previsto en la LFPV y en su normativa reglamentaria de desarrollo. Con ello, el departamento calcula que se reducirán duplicidades y se agilizará la tramitación de los concursos.
La reunión de la Mesa Sectorial ha servido así para avanzar en un cambio normativo que, según la Conselleria, pretende adaptar los instrumentos de valoración a las nuevas dinámicas de gestión pública y a las exigencias de un sistema más estructurado y eficiente.