La Generalitat ha denunciado que el Gobierno central ha desoído la reclamación planteada por una docena de comunidades autónomas, encabezadas por la Comunitat Valenciana, para paralizar la tramitación del proyecto de Real Decreto que modifica el Reglamento General de Costas. El Consell sostiene que la reforma favorece los deslindes, restringe derechos y afecta a las competencias autonómicas en ordenación y gestión del litoral.
Críticas en la Conferencia Sectorial
El vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, ha trasladado esa posición durante la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente. Según ha explicado, el Ministerio para la Transición Ecológica ha rechazado atender la petición de las autonomías para abordar de forma efectiva el contenido del nuevo reglamento.
“Se ha logrado que se convocara la reunión, pero al no incluirse este asunto en el orden del día, el debate carece de cualquier virtualidad. No tiene sentido traer esta cuestión si no se permite manifestar una posición mediante una votación, que era precisamente lo que solicitaban las comunidades autónomas”, ha señalado.
Objeciones jurídicas y competenciales
Martínez Mus ha advertido también de que el proyecto presenta “claras contradicciones con diversos preceptos de la propia Ley de Costas”, por lo que, a su juicio, primero habría que replantear la reforma y abordar una modificación de la norma legal. La Generalitat ha respaldado su postura con alegaciones al texto, al considerar que “condiciona de forma muy importante la tramitación de expedientes autonómicos y no clarifica el régimen jurídico aplicable”.
El conseller ha expresado además la “total oposición” del Consell a la nueva regulación sobre compatibilidad con las estrategias marinas, porque entiende que introduce nuevos criterios que generan incertidumbre y dificultan la gestión del litoral. En la misma línea, ha censurado que la propuesta otorgue carácter vinculante a informes estatales que ahora no son preceptivos, imponga la revocación de concesiones cuya gestión corresponde a las comunidades autónomas y mezcle el régimen jurídico de las concesiones compensatorias.
Petición de retirada del texto
El vicepresidente tercero ha lamentado que el Gobierno de España haya diseñado el procedimiento de reforma “al margen de las comunidades autónomas”, pese a afectar directamente al ejercicio de sus competencias. “No se nos ha permitido participar en un procedimiento que condicionará la gestión de nuestras costas”, ha afirmado.
Martínez Mus ha insistido en que la reforma llega cuando la mayoría de comunidades costeras ya han asumido o están en proceso de asumir las competencias sobre el litoral, por lo que ha considerado “imprescindible” tramitar cualquier cambio con diálogo institucional y consenso. Además, ha advertido de que el nuevo reglamento incrementará la inseguridad jurídica y podrá favorecer nuevos procesos de deslinde que afecten a viviendas, actividades económicas e infraestructuras situadas en la costa.
Por ello, ha reclamado al Gobierno central que retire el texto, abra un proceso de diálogo con las comunidades autónomas y, en su caso, impulse antes una modificación de la Ley de Costas para eliminar las contradicciones detectadas. En ese marco, ha defendido la ley valenciana de protección y ordenación de la costa como una herramienta para ofrecer alternativas a los deslindes y garantizar una gestión más equilibrada del litoral.