La Generalitat ha expresado su rechazo al proyecto de real decreto del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que modifica los criterios para delimitar el dominio público marítimo-terrestre. El Consell sostiene que la propuesta introduce una alteración “sustancial” del régimen vigente y que puede afectar al equilibrio entre la protección ambiental y el desarrollo económico del litoral valenciano.
El conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, ha advertido de que el Gobierno “pretende sustituir un criterio técnico consolidado durante décadas por otro basado en un único episodio excepcional de temporal”. A su juicio, se trata de una decisión “desproporcionada, arbitraria y carente de la estabilidad que exige cualquier delimitación del dominio público”.
Alegaciones y advertencia judicial
La Generalitat ha explicado que ya ha presentado alegaciones al Ministerio para pedir que se mantenga el criterio actualmente vigente. Ese criterio establece que el límite del dominio público marítimo-terrestre debe fijarse por el punto alcanzado por las olas en los mayores temporales conocidos cuando estos se hayan producido de forma reiterada, y no a partir de un único episodio.
El Consell ha insistido en que aceptar la modificación supondría convertir un fenómeno excepcional en una regla general, con un efecto expansivo del dominio público que, según su criterio, no respondería a los principios de proporcionalidad, estabilidad ni rigor técnico. Martínez Mus ha añadido: “No tiene sentido que un único temporal excepcional pueda modificar el deslinde de toda la costa. Las normas deben basarse en criterios estables y repetidos, no en un episodio aislado que, por definición, es extraordinario. Eso genera una enorme inseguridad jurídica para ciudadanos, empresas y administraciones”.
La Generalitat ha advertido además de que, si el Ministerio no rectifica el texto durante la tramitación del decreto, defenderá los intereses de la Comunitat Valenciana en todas las instancias, incluida la vía judicial.
El debate sobre el litoral valenciano
Según el Consell, la Comunitat Valenciana cuenta con uno de los litorales más extensos y estratégicos de España, donde conviven la actividad turística, económica y social con un patrimonio natural de gran valor. Por eso, defiende que la protección del dominio público marítimo-terrestre, recogida en el artículo 132 de la Constitución, debe compatibilizarse con la seguridad jurídica, el desarrollo sostenible y el aprovechamiento racional del litoral.
La Generalitat también ha cuestionado la amplitud de los sistemas de medición previstos en el proyecto de decreto, que permiten utilizar boyas, satélites o cualquier otro dato oceanográfico o meteorológico sin fijar indicadores técnicos que considere suficientemente objetivos, reiterados y verificables. A su juicio, esa redacción incrementa la discrecionalidad administrativa en futuros procedimientos de deslinde.
Críticas al procedimiento elegido
El Consell ha sostenido que un cambio de esta trascendencia no debería introducirse mediante un reglamento, sino a través de un debate parlamentario y de una modificación de la legislación estatal de costas. La Generalitat ha ligado esa eventual reforma a su impacto sobre la propiedad, la planificación urbanística, la actividad económica y la seguridad jurídica de miles de ciudadanos.
Martínez Mus ha comparado las posibles consecuencias del cambio con las inundaciones provocadas por la DANA del 29 de octubre de 2024. “Es como si, después de la DANA de octubre de 2024, todo el terreno que se inundó pasara automáticamente a ser dominio público hidráulico. Nadie entendería una decisión así. En la costa debe aplicarse el mismo principio: los fenómenos excepcionales no pueden convertirse en la regla para delimitar el dominio público”, ha afirmado.
La Generalitat ha añadido que, si ese mismo razonamiento se aplicara al dominio público hidráulico, decenas de municipios valencianos verían transformada una parte muy significativa de su término municipal en dominio público solo por haber sufrido una inundación extraordinaria. Para el Consell, se trataría de una interpretación jurídicamente insostenible y contraria a la seguridad jurídica y la proporcionalidad.