La consellera de Justicia, Transparencia y Participación, Nuria Martínez, ha respaldado el acuerdo de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) para pedir al Ministerio de Justicia que reconsidere la denegación de la autorización económica destinada a prorrogar distintas medidas de refuerzo en órganos judiciales de la Comunitat Valenciana.
Advertencia sobre el impacto en los juzgados
Martínez ha advertido de que la decisión supondrá un perjuicio importante para el funcionamiento de la Administración de Justicia y para la ciudadanía, porque afecta a órganos que soportan una elevada carga de trabajo y cuya actividad resulta, según ha señalado, esencial para garantizar una respuesta judicial ágil y eficaz.
La consellera ha subrayado además que el propio TSJCV ha alertado de las “negativas consecuencias” que tendrá la supresión de esos refuerzos, especialmente en las plazas especializadas en condiciones generales de la contratación con garantías hipotecarias, así como en otros tribunales de instancia y audiencias provinciales de la Comunitat Valenciana.
“La Justicia lo que precisa son más medios, no recortes en lo básico. Compartimos plenamente la preocupación expresada por la Sala de Gobierno del TSJCV y consideramos imprescindible que el Ministerio reconsidere esta decisión para evitar un aumento de los tiempos de respuesta y un mayor colapso en órganos judiciales que ya trabajan con una elevada carga de asuntos”, ha asegurado la consellera.
18 refuerzos denegados
Según ha explicado la titular de Justicia, la mayoría de las medidas cuya prórroga ha sido denegada contaban con informe favorable de la Inspección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), algo que, a su juicio, evidencia su necesidad para garantizar el normal funcionamiento de los órganos afectados.
En concreto, el TSJCV ha señalado que el Ministerio de Justicia ha denegado la autorización para la dotación económica de 18 de las alrededor de 30 medidas de refuerzo solicitadas para la Comunitat Valenciana que contaban con informe favorable de la inspección del CGPJ, en su mayor parte como prórrogas.
La Conselleria de Justicia se ha sumado a la petición del TSJCV para que el CGPJ inste al Ministerio de Justicia a revisar esta decisión y autorice la financiación necesaria para mantener unas medidas de refuerzo que resultan imprescindibles para preservar la calidad del servicio público de Justicia en la Comunitat Valenciana.
Martínez ha añadido que la continuidad de estos refuerzos no solo beneficia a jueces y funcionarios, sino que también constituye una garantía para los ciudadanos, que tienen derecho a una tutela judicial efectiva y a que sus procedimientos se resuelvan en plazos razonables.
“La Generalitat trabaja en su día a día para garantizar la correcta prestación de la Administración de Justicia, y se esfuerza para mejorarla pese a la situación de infrafinanciación que padece la Comunitat Valenciana. La ciudadanía tiene que contar con el mejor servicio público posible y en ese fin debemos volvamos todas las administraciones implicadas en su prestación”, ha defendido.
La Sala de Gobierno del TSJCV acordó solicitar al Ministerio de Justicia que reconsidere la denegación de esa autorización económica.