La presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina, ha participado este lunes en la Comisión de Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos Insulares de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), celebrada en la Diputación de Valencia. Durante la sesión, Barrachina ha vuelto a poner de manifiesto la imperiosa necesidad de que el Gobierno de España proceda, con la máxima celeridad, a la actualización de las entregas a cuenta que corresponden a la participación de las entidades locales en los tributos estatales. Esta demanda es crucial para asegurar la viabilidad financiera de los ayuntamientos y diputaciones, que se encuentran en una situación de infrafinanciación crónica.
La dirigente provincial ha enfatizado que la falta de ajuste de estas transferencias mensuales, que por ley deberían adecuarse al incremento de la recaudación tributaria y al crecimiento demográfico, está generando un grave desequilibrio económico. "Si ya estábamos infrafinanciados, si no se actualizan las transferencias mensuales a las entidades locales en base, como marca la ley, a pagar más tributos, más impuestos y en base a aumentar la población, creo que tendremos un problema económico más grave del que ya tenemos", ha subrayado Marta Barrachina.
La exigencia de actualización de las entregas a cuenta
En su intervención ante la FEMP, la presidenta de la Diputación de Castellón ha formalizado su petición para que el Gobierno Central actualice de forma urgente las entregas a cuenta. Esta adecuación debe realizarse conforme a la evolución real de los ingresos del Estado y a las previsiones macroeconómicas vigentes. El objetivo primordial es "garantizar la capacidad financiera de las entidades locales, reforzar su capacidad de prestación de servicios públicos esenciales y dotarlas de mayor estabilidad y certidumbre presupuestaria en el ejercicio de sus competencias", ha expresado Marta Barrachina.
La dinámica de los ingresos estatales y las fluctuaciones del contexto macroeconómico hacen "imprescindible que los mecanismos de financiación local respondan con agilidad y precisión, evitando desajustes que puedan comprometer la capacidad de gestión de los gobiernos locales", ha recalcado la presidenta. Además, ha insistido en la urgencia de "avanzar en medidas que permitan adecuar los recursos disponibles a la realidad económica actual y a las necesidades crecientes de la ciudadanía". La autonomía local y la capacidad de ofrecer servicios públicos de calidad dependen directamente de una financiación justa y actualizada.
Impacto de la infrafinanciación en los servicios locales
La reivindicación de las entregas a cuenta y la garantía de la capacidad financiera de las entidades locales ha sido una constante en la agenda de la presidenta de la Diputación de Castellón. En este sentido, Barrachina ha reclamado al Gobierno de España el montante adeudado a la provincia de Castellón por este concepto, "un importe adeudado desde 2023 que alcanzaría los 250 millones de euros, ya que se ha incrementado la población, pagamos más impuestos y el Gobierno de España está recaudando más". Esta cifra representa una deuda significativa que impacta directamente en la capacidad de inversión y gestión de los municipios castellonenses.
La máxima representante de la institución provincial ha señalado que la ausencia de aprobación de los Presupuestos Generales del Estado desde el año 2023 "conlleva un gran desfase entre la cantidad que le corresponde recibir a cada ayuntamiento de su parte de la recaudación de impuestos y la cantidad que están recibiendo". Esta situación genera una incertidumbre presupuestaria que dificulta la planificación y ejecución de proyectos esenciales para el bienestar de la ciudadanía.
Por ello, desde el Gobierno Provincial de Castellón, se ha mantenido la exigencia de una actualización real de las entregas a cuenta para el año 2026, basándose en el aumento de la recaudación de los tributos estatales durante los ejercicios 2023, 2024 y 2025. La presidenta ha sido contundente al afirmar: "No vamos a dejar de alzar la voz para exigir lo que es justo y corresponde a los ayuntamientos y diputaciones". Esta postura firme busca garantizar que las administraciones locales dispongan de los recursos necesarios para afrontar sus competencias y atender las demandas de sus vecinos y vecinas, promoviendo así un desarrollo territorial equitativo y sostenible.