El presidente de la Diputación, José Martí, ha destacado que con los 1,8 millones de euros transferidos en 2022 por la Diputación de Castellón al Fondo de Cooperación Local para su utilización en programas de índole social se está fortaleciendo la autonomía municipal de los pequeños ayuntamientos de la provincia y la igualdad de oportunidades de las personas que residen en ellos. Según explicita, la institución provincial los dota con recursos para que en el ejercicio de su autonomía y capacidad de decisión, las alcaldesas, los alcaldes y las corporaciones destinen los fondos que les corresponden a aquellos servicios que consideren que son prioritarios. «Ellos deciden a qué los quieren dedicar, sin que desde la Diputación se les obligue a tomar ninguna decisión. Ahora, cada ayuntamiento decide libremente si opta por el taxi rural, planes de igualdad, iniciativas locales de envejecimiento activo o de prevención de la salud, o cualquier otro programa de índole social».
Racionalidad y menos burocracia
Sobre este asunto, la vicepresidenta de la Diputación y responsable del área de Bienestar Social, Patricia Puerta, explica que «con los cambios que hemos introducido ganamos además en racionalidad, ya que se evitan situaciones como las que se dieron con el presupuesto de 2019, el último elaborado por el anterior equipo de gobierno, cuando se presupuestaron 600.000 euros para el programa del taxi rural y los ayuntamientos tuvieron que devolver alrededor de 400.000 euros por no poder justificar el gasto conforme a lo que establecían las bases del momento». Añade que «con el nuevo sistema, los ayuntamientos salen ganando porque ven reforzada su autonomía y porque disminuye considerablemente la carga de trabajo administrativo, al eliminarse la elaboración de proyectos y justificaciones». Una descarga burocrática de la que también se beneficia el área de Bienestar Social de la propia Diputación».
El taxi rural
La vicepresidenta incide en que «los pueblos tienen más dinero que nunca para decidir en qué lo utilizan: quienes necesitan destinarlo al taxi lo pueden hacer, y quienes no lo necesitan pueden dedicarlo a otro menester, sin perder recursos, que es lo que ocurría antes». De esta manera, «nadie resulta perjudicado y avanzamos en materia de igualdad de oportunidades».Política social para frenar la despoblaciónJosé Martí también ha defendido el carácter social de los presupuestos de #MésImpulsCastelló, destacando que «casi la mitad de los 10 millones de euros con los que cuenta el área de Bienestar Social para 2022, 4,8 millones de euros, va destinado a la atención de las personas que residen en municipios de menos de 10.000 habitantes». En este sentido, explica que casi el 50% de los recursos del área, 4,8 millones de euros, se destinan a la financiación de los equipos base de servicios sociales y a la prestación de ayudas de emergencia y pobreza energética para personas vulnerables».«El gran objetivo», explica el presidente, «es facilitar que los ayuntamientos puedan potenciar la cartera de servicios a la ciudadanía, una circunstancia que también contribuye a poner freno al éxodo rural y la despoblación».