Nuria Martínez pide al Ministerio más recursos para descongestionar los juzgados de Castellón

La consellera de Justicia ha defendido en una reunión con autoridades judiciales que la digitalización, la mediación y la conciliación deben contribuir a agilizar la tramitación en la provincia.

Guardar

Nuria Martínez
Nuria Martínez
Añadir CastellóExtra.com como fuente preferida de Google de forma gratuita. Mantente informado con las últimas noticias de actualidad.
Activar ahora

La consellera de Justicia, Transparencia y Participación, Nuria Martínez, se ha reunido con las autoridades judiciales de los partidos judiciales de Castellón para analizar medidas con las que descongestionar los juzgados de la provincia. En el encuentro, celebrado con responsables de la Generalitat y representantes judiciales, Martínez ha trasladado además su rechazo a los recortes de plazas judiciales y de refuerzos impulsados por el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.

Digitalización y mediación como ejes

Por parte de la Generalitat han asistido también el secretario autonómico de Justicia y Autogobierno, José Luis Font, y la directora general de Justicia y Autogobierno, Mª José Adalid. En representación del ámbito judicial han participado la fiscal jefa de la Fiscalía Provincial de Castellón, María Díaz; la secretaria coordinadora provincial, Olga Torres; la representante de la presidenta del Tribunal de Instancia de Castellón, Mª Paz Plaza, y el presidente del Tribunal de Instancia de Vinaròs, Ignacio Lasierra.

Martínez ha defendido que la digitalización debe ser una pieza central de la administración de justicia. “La digitalización es la piedra angular de la nueva administración de Justicia. Desde el Consell apostamos por un nuevo sistema de gestión procesal que en el corto plazo contribuirá de manera decisiva a agilizar la tramitación”, ha afirmado.

La consellera ha añadido que la Generalitat considera la mediación y la conciliación herramientas clave para aliviar la carga de trabajo judicial y ha señalado que se impulsarán durante lo que queda de legislatura. También ha adelantado que en junio de 2027 el partido judicial de Castellón contará con cinco jueces más: tres para la sección civil, uno para instancia y otro para mercantil. Según ha indicado, la Conselleria facilitará el equipo de trabajo necesario para hacer frente a la sobrecarga de los juzgados.

Críticas a los recortes de plazas y refuerzos

Durante la reunión, Martínez ha criticado las medidas del Ministerio que, a su juicio, agravan la situación de la Administración de Justicia en la Comunitat Valenciana y tienen un impacto especialmente preocupante en Castellón. La consellera ha apuntado que Vinaròs se ha visto afectado por la pérdida de un refuerzo transversal, que ha descrito como “una decisión que supone un nuevo retroceso en la dotación de recursos necesarios para garantizar una respuesta judicial ágil y eficaz”.

La titular de Justicia ha mostrado también su preocupación por la reconversión de una plaza de instrucción en Castellón en una plaza de violencia sobre la mujer sin que, según ha dicho, se haya creado una nueva plaza de instrucción como alternativa. A su juicio, esta decisión tiene “gravosas consecuencias” porque “perpetúa el colapso” y dificulta la capacidad de respuesta de los órganos judiciales.

Datos de congestión judicial en Castellón

La Conselleria ha citado además los datos del CGPJ correspondientes al primer trimestre del año sobre la actividad de los juzgados de la provincia. Según esas cifras, la tasa de congestión se sitúa en 4,25, la de sentencia en 0,27 y la de resolución en 0,97, con un aumento de casi un 20 % en términos interanuales.

El mismo balance indica que el número de asuntos pendientes ha bajado un 0,3 % y se ha situado en 62.094 al cierre del trimestre, mientras que la media de asuntos por órgano se ha reducido un 3,9 % hasta 1.108 asuntos por órgano al finalizar el primer trimestre de 2026. Martínez ha reclamado al Ministerio que reconsidere las decisiones adoptadas y garantice los recursos necesarios para que los recortes no repercutan en la calidad del servicio público de Justicia en la Comunitat Valenciana.