El conseller de Economía, Hacienda y Administración Pública, José Antonio Rovira, ha defendido este jueves en Les Corts que el Gobierno valenciano mantiene su compromiso de rebajar el IRPF autonómico en todos sus tramos. La medida figura en el Proyecto de Ley de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera y de Organización de la Generalitat para 2026, que acompaña a los Presupuestos autonómicos y ha comenzado su tramitación parlamentaria con el debate de las enmiendas a la totalidad.
Rovira ha presentado una norma que, según ha explicado, constituye un instrumento para ejecutar el presupuesto de 2026, al que ha calificado como el mayor de la historia de la Comunitat Valenciana. El conseller ha situado como ejes de la acción del Consell la educación, la sanidad, la vivienda y los servicios sociales.
La rebaja del IRPF y el apoyo a la empresa familiar
La principal medida fiscal que recoge el texto es una reducción generalizada de los tipos del IRPF autonómico, con el objetivo de rebajar la carga impositiva en todos los tramos. Según Rovira, la reforma está “especialmente dirigida a las rentas medias y bajas”.
El conseller ha afirmado que la medida supondrá un ahorro fiscal estimado de 160 millones de euros y beneficiará a aproximadamente 2,7 millones de contribuyentes de la Comunitat Valenciana. Además, ha señalado que la nueva estructura tributaria mantendrá la progresividad del impuesto y que entrará en vigor para la declaración correspondiente al ejercicio 2026, cuya campaña se desarrollará en 2027. En el marco del IRPF autonómico, el objetivo es abarcar todos los tramos.
La ley también modifica el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones para facilitar la continuidad de las empresas familiares y los procesos de relevo generacional. La reforma amplía el ámbito de aplicación de los beneficios fiscales hasta el cuarto grado de parentesco. Rovira ha defendido este cambio al subrayar que las empresas familiares representan más del 90 % del tejido empresarial valenciano y concentran más del 80 % del empleo privado.
Vivienda, sanidad y sector productivo
En materia de vivienda, el proyecto introduce cambios en la normativa de la Vivienda de Protección Pública (VPP) para reforzar los mecanismos de control, la seguridad jurídica y la transparencia en la adjudicación y el acceso. La Generalitat sitúa esta modificación como una vía para garantizar un acceso más efectivo a una vivienda digna y asequible.
En sanidad, el texto contempla la creación de un marco sancionador específico para proteger al personal sanitario frente a las agresiones. En paralelo, la ley incorpora modificaciones en la Ley de Cooperativas de la Comunitat Valenciana para actualizar aspectos relacionados con los ingresos cooperativos y el fomento del cooperativismo.
El proyecto también adapta la normativa autonómica al sistema formativo europeo del deporte mediante la actualización del reconocimiento de los diplomas UEFA. En el ámbito agrario y ganadero, prevé la simplificación de procedimientos administrativos para aumentar la seguridad jurídica y mejorar la competitividad de ambos sectores.
Infraestructuras, investigación y emergencias
Entre las otras medidas incluidas en la ley, el Consell ha destacado la agilización de infraestructuras hidráulicas estratégicas mediante la declaración de utilidad pública y urgente ocupación de los bienes afectados. También se prevé la reducción de las tasas de caza, con el objetivo de favorecer la gestión y el control poblacional de determinadas especies cinegéticas.
En investigación, el texto establece un régimen específico de retribución para el personal investigador distinguido, con la intención de facilitar su captación y retención en las fundaciones del sector público instrumental. Además, introduce cambios en la Ley de Mecenazgo para reforzar la seguridad jurídica de los proyectos y actividades declarados de interés social.
La ley incorpora, por último, medidas para reforzar la respuesta ante emergencias. Entre ellas, permite que determinados puestos vinculados directamente a estas situaciones puedan ser desempeñados por personal especializado de los cuerpos y fuerzas de seguridad, de los servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento o protección civil de cualquier administración pública, así como por personal militar profesional de las Fuerzas Armadas.