La Conselleria de Educación, Cultura y Universidades ha publicado en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) la resolución que ha regulado la instalación, el uso y el mantenimiento de los sistemas de videovigilancia en los centros educativos públicos de titularidad de la Generalitat.
La norma ha tenido como objetivo garantizar la seguridad de las personas, los bienes y las instalaciones, con pleno respeto a los derechos fundamentales y a la protección de los datos personales.
Uso limitado a la seguridad
La resolución, procedente de la Dirección General de Centros Docentes, ha sustituido la regulación vigente desde 2013 y la ha adaptado al Reglamento General de Protección de Datos, a la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y al Esquema Nacional de Seguridad, así como a la realidad organizativa y tecnológica actual de los centros.
Los sistemas de videovigilancia solo se han podido utilizar con fines de seguridad. La norma ha excluido expresamente otros usos, como el control del desempeño del alumnado o del personal docente en su actividad académica, así como cualquier finalidad comercial o publicitaria.
La regulación ha concebido la videovigilancia como una herramienta excepcional para prevenir incidentes en situaciones concretas y justificadas, y no como un sistema de vigilancia de las personas.
Entre las medidas de ciberseguridad, la resolución ha prohibido conectar los sistemas de videovigilancia a las redes corporativas y a internet, ha exigido que el mantenimiento sea presencial y ha obligado a aplicar el Esquema Nacional de Seguridad, con el fin de proteger los datos personales y la integridad de los sistemas.
Restricciones y protección de menores
Dado que la mayor parte del alumnado ha sido menor de edad, la regulación ha incorporado criterios especialmente restrictivos. Se ha prohibido instalar cámaras en las aulas durante la docencia, en baños, vestuarios y otras zonas de intimidad, así como en los espacios de descanso del personal mientras han estado siendo utilizados.
Además, la grabación de audio ha quedado prohibida con carácter general.
Autorización previa y derechos de las personas afectadas
La instalación o regularización de cualquier sistema de videovigilancia ha debido seguir un procedimiento reglado de autorización previa.
Para facilitar su aplicación, la resolución ha incluido modelos oficiales de cartelería informativa, memorias de idoneidad, análisis de riesgos y contratos de encargo del tratamiento de datos, de manera que los equipos directivos hayan dispuesto de seguridad jurídica y la normativa se haya aplicado de forma homogénea en todos los centros.
Asimismo, la norma ha garantizado que las personas afectadas puedan saber si han sido grabadas, acceder a sus imágenes y ejercer el resto de derechos que ha reconocido la normativa de protección de datos.