El Consell ha aprobado el proyecto de la nueva Ley del Suelo de la Comunitat Valenciana, una norma que pretende reorganizar la ordenación del territorio y el urbanismo con un marco regulador único. La propuesta deberá afrontar ahora su tramitación parlamentaria en Les Corts y todavía podrá incorporar cambios.
Vivienda, suelo rural y licencias
Según el texto aprobado, la futura ley ha nacido para simplificar trámites, suprimir cargas innecesarias, corregir incoherencias y dar una redacción más clara a la normativa, al tiempo que mantiene la protección del territorio, el respeto al medio ambiente y la seguridad jurídica. La norma ha dado también prioridad al acceso a la vivienda y, en particular, a la vivienda sometida a algún régimen de protección pública. En ese ámbito, los nuevos instrumentos públicos de vivienda reservarán al menos el 50 % de la edificabilidad residencial a vivienda protegida.
El proyecto ha incluido además una atención específica al medio rural. Los municipios de menos de 1.000 habitantes y los declarados en riesgo de despoblación podrán utilizar un planeamiento urbanístico simplificado y adaptado a su dimensión y necesidades, en línea con las políticas contra la despoblación y de equidad territorial.
Uno de los cambios más relevantes afecta a la tramitación de las licencias urbanísticas. El texto ha precisado qué actuaciones necesitarán licencia y cuáles podrán gestionarse mediante declaración responsable. Entre las novedades figura la creación de la licencia básica o de parámetros esenciales, pensada especialmente para los proyectos de vivienda, y que permitirá comprobar primero los elementos urbanísticos fundamentales antes de continuar con el resto de la documentación técnica. La norma ha fijado además, con carácter general, un plazo máximo de seis meses para el control ordinario posterior de las declaraciones responsables.
Planeamiento, transición y disciplina urbanística
La futura ley también ha establecido un régimen transitorio para facilitar la implantación del nuevo modelo. Los planes generales vigentes podrán seguir aplicándose siempre que sus determinaciones no sean incompatibles con la nueva norma, y los municipios dispondrán de un procedimiento simplificado de adaptación global. Además, determinados preceptos y anexos del TRLOTUP mantendrán provisionalmente rango reglamentario, en lo que no se opongan a la ley, hasta que se apruebe el desarrollo reglamentario correspondiente.
En su estructura, el texto mantiene como instrumentos básicos de ordenación territorial la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana y los planes de acción territorial, además de los Proyectos de Interés Autonómico. En materia de suelo, distingue entre suelo urbano, urbanizable y no urbanizable, y precisa la definición de suelo urbano mediante la incorporación expresa del criterio de integración en la malla urbana. El planeamiento municipal también se reorganiza: el plan general pasa a contener la ordenación estructural del municipio, mientras que la regulación detallada quedará en el plan pormenorizado, el plan parcial y, cuando proceda, el plan de reforma interior.
La gestión urbanística se articulará mediante distintos sistemas de actuación en las actuaciones integradas: gestión por los propietarios, cooperación, agente urbanizador y expropiación. El texto regula también la ejecución por gestión aislada en suelo urbano no incluido en unidades de ejecución y las actuaciones de dotación, que permitirán autorizar incrementos de edificabilidad o cambios de uso en suelo urbano bajo determinadas condiciones de suficiencia y refuerzo de las redes públicas.
La disciplina urbanística quedará reforzada con las potestades de inspección, restauración de la legalidad y sanción. En ese ámbito, el proyecto crea la Agencia Valenciana de Protección del Territorio como instrumento para coordinarse con los municipios, prestar apoyo en la aplicación homogénea de la normativa, combatir la edificación ilegal y restaurar el territorio afectado.
El texto ahora aprobado sustituirá por completo al Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2021, de 18 de junio, que había acumulado sucesivas modificaciones desde la ley de 2014 y había configurado un marco legal fragmentado y complejo.