El director general de Costas, Puertos y Aeropuertos, Marc García Manzana, ha defendido en el I Congreso de Costas de Canarias la necesidad de avanzar hacia una política litoral basada en la cooperación entre comunidades autónomas, el respeto a sus competencias y la protección efectiva del litoral y de las personas que viven en él.
Reivindicación de más participación autonómica
García Manzana ha participado en este encuentro, en el que han estado representadas las comunidades autónomas costeras de Canarias, Galicia, País Vasco, Cantabria, Cataluña, Comunitat Valenciana, Región de Murcia y Andalucía. Durante el foro se han abordado los principales retos de la gestión litoral y los traspasos competenciales en esta materia.
En su intervención, ha reclamado que las comunidades autónomas participen de “manera efectiva en las decisiones estatales” que afectan a sus costas y ha sostenido que las modificaciones normativas de gran alcance deben abordarse “mediante el diálogo y el consenso con los territorios afectados”.
También ha señalado que la política de costas debe adaptarse a la realidad de cada territorio y evitar decisiones uniformes que no tengan en cuenta las características urbanísticas, sociales, económicas y ambientales de los distintos litorales.
La ley valenciana y la reforma estatal
El director general ha insistido en que proteger la costa significa también proteger a las personas, sus viviendas, sus actividades económicas y el patrimonio de los municipios costeros. Por ello, ha reclamado una normativa que permita compatibilizar la preservación del dominio público marítimo-terrestre con la seguridad jurídica y el respeto a los núcleos urbanos consolidados y a los asentamientos tradicionales de especial valor etnológico.
En el congreso también ha intervenido Ángel Menéndez Rexach, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid y redactor de la Ley de Costas estatal, quien ha reconocido que ha llegado el momento de cambiar esta normativa, teniendo en cuenta que la realidad física y administrativa del litoral ha evolucionado sustancialmente a lo largo de los casi 40 años transcurridos desde su aprobación.
La Generalitat ha defendido que esta actualización debe servir para dar respuesta a los problemas reales del litoral, reforzar la seguridad jurídica y compatibilizar la protección del dominio público marítimo-terrestre con el respeto a las personas, las actividades económicas y los núcleos urbanos consolidados.
Además, García Manzana ha puesto en valor la Ley 3/2025, de 22 de mayo, de protección y ordenación de la costa valenciana, como instrumento para reforzar la protección del patrimonio costero, ordenar los usos del litoral y ofrecer soluciones adaptadas a las necesidades de la Comunitat Valenciana.
El responsable autonómico ha recordado, por otra parte, la necesidad de impulsar actuaciones de regeneración y defensa de las playas frente a los temporales, así como de mejorar la coordinación entre administraciones para ofrecer soluciones eficaces y duraderas. La Generalitat ha reiterado también su preocupación por la reforma del Reglamento General de Costas promovida por el Gobierno central sin un consenso previo con las comunidades autónomas costeras.
En ese contexto, García Manzana ha defendido la necesidad de revisar los criterios que determinan la delimitación del dominio público marítimo-terrestre para evitar que decisiones basadas en episodios extremos o circunstancias puntuales generen incertidumbre jurídica y consecuencias desproporcionadas para los núcleos urbanos consolidados.