La Diputación de Castellón ha abierto la licitación del contrato para instalar cámaras de control de tráfico en municipios de menos de 5.000 habitantes. El proyecto, integrado en el plan «Una provincia protegida», contempla actuaciones en 115 municipios y tiene un presupuesto de 4,4 millones de euros.
El plazo para presentar ofertas finaliza el 17 de septiembre. Según la presidenta de la Diputación, Marta Barrachina, “Con la licitación del contrato activamos la cuenta atrás para dotar a los pueblos pequeños de las mismas oportunidades y herramientas que tienen grandes municipios en materia de seguridad, prevención y gestión inteligente del territorio”.
Un contrato dividido en dos lotes
El proceso de licitación se inició antes de cumplirse dos meses desde la presentación del plan Una provincia protegida, dirigido a municipios de menos de 5.000 habitantes y que prevé una supervisión eficiente y automática de las entradas y salidas de los núcleos urbanos. La Diputación afirma que el despliegue se realizará con tecnología “plenamente respetuosa con la privacidad de los ciudadanos” y ajustada a la normativa vigente.
Para la elaboración del plan, la Diputación de Castellón, a través del área de Ingeniería con el diputado José María Andrés al frente, trabajó en un estudio de evaluación previa. Según la institución, junto con una empresa especializada se recorrió “pueblo por pueblo” la provincia para detectar accesos clave, analizar las necesidades específicas de cada municipio y determinar la solución técnica para cada caso.
La Diputación sostiene que el contrato se divide en dos lotes. El lote 1, correspondiente a la zona norte, cuenta con un presupuesto de 2.571.623,97 euros con IVA incluido e incluye 57 municipios. El lote 2, para la zona sur, asciende a 1.828.002,59 euros con IVA incluido e incluye 58 municipios.
En conjunto, la actuación se estima sobre 237 viales de acceso con un despliegue máximo de 451 cámaras inteligentes. José María Andrés ha indicado que el objeto del contrato es “idóneo” porque integra en una sola licitación la redacción del proyecto, el suministro y la instalación, “asegurando la coherencia técnica desde el diseño hasta la ejecución”.
Redacción, suministro, instalación y mantenimiento
De acuerdo con la Diputación, el contrato se estructura en tres fases sucesivas y complementarias: la primera, la redacción de proyectos ejecutivos; la segunda, el suministro de equipamiento; y la tercera, la instalación y configuración.
En el esquema del proyecto, la institución provincial es la encargada de asumir la redacción de los proyectos técnicos a través del Servicio de Ingeniería. Asimismo, según el comunicado, será la Diputación la que financie, contrate y ejecute la totalidad de las instalaciones, facilite la evaluación de impacto en protección de datos y gestione de manera integrada la plataforma SmartVillages.
La institución provincial también señala que existe la posibilidad de disponer de un servicio de mantenimiento integral garantizado durante cinco años. Tras la aceptación de los 115 ayuntamientos para su inclusión en el plan, ahora se ha iniciado el proceso de licitación.