La Conselleria de Servicios Sociales, Familia e Infancia ha rebajado en un 2 % la lista de espera para la valoración del grado de discapacidad entre enero y junio de 2026, según ha explicado la directora general de Personas con Discapacidad, Bárbara Congost. La mejora se ha producido en el marco del plan integral puesto en marcha por el Consell para agilizar la tramitación de las solicitudes iniciales y las revisiones.
Durante el primer semestre de 2026, la Generalitat ha valorado las solicitudes de 525.415 personas, de las que 341.907 han obtenido el reconocimiento de un grado igual o superior al 33 % de discapacidad. Congost ha atribuido la evolución a una combinación de simplificación administrativa y refuerzo de personal.
Refuerzo administrativo y digitalización
La directora general ha señalado que la Conselleria ha combinado herramientas de simplificación como la plataforma digital REDIS con medidas de apoyo organizativo, entre ellas la incorporación de personal. En ese periodo, la Generalitat ha sumado 23 puestos por acumulación de tareas durante los últimos ocho meses.
Según Congost, esta combinación mejora la calidad del servicio y acelera el proceso del reconocimiento del grado de discapacidad, además de suponer una mejora significativa en la respuesta a las personas que esperan el reconocimiento o la revisión de su grado.
Un programa temporal de empleo de 936.060 euros
Por otra parte, la Conselleria de Servicios Sociales ha puesto en marcha un programa extraordinario de empleo de carácter temporal dotado con 936.060 euros para reforzar los medios personales y organizativos necesarios para implantar el procedimiento de revisión de oficio del grado de discapacidad.
El plan creará 23 puestos de trabajo de diferentes categorías y comenzará a funcionar a partir de septiembre. Tendrá una duración inicial de un año, prorrogable hasta un máximo de cuatro.
22.744 expedientes previsibles de revisión
En aplicación del marco normativo estatal, que obliga a la revisión de oficio del grado de discapacidad en la fecha prevista en la resolución, la Conselleria ha detectado 22.744 expedientes susceptibles de estudio en los próximos meses. De acuerdo con la directora general, se trata de una carga extraordinaria que excede la capacidad ordinaria de tramitación.
Congost ha defendido que la situación responde a una necesidad coyuntural derivada de la nueva regulación estatal y que el procedimiento específico debe garantizar la seguridad jurídica de los expedientes y su tramitación “en fecha y forma”, con el objetivo de proteger los derechos de las personas con discapacidad.