El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, ha participado telemáticamente en el pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) y ha cuestionado el funcionamiento de la reunión, que ha descrito como un encuentro “con más criterios de oportunidad política que gestora”.
Gómez ha sostenido que este CISNS “culmina una legislatura fallida”, al considerar que las reformas legislativas más importantes anunciadas por la ministra de Sanidad, Mónica García, no han llegado a aprobarse por las Cortes Generales tras su disolución y la convocatoria electoral.
Críticas al funcionamiento del consejo
El conseller ha señalado que de los once plenos del CISNS celebrados durante 2026, ocho han tenido carácter extraordinario, algo que, a su juicio, refleja una utilización reiterada de un mecanismo que debería reservarse para situaciones excepcionales. Según ha dicho, el Consejo debe ser un espacio de planificación, diálogo, cooperación y construcción de consensos, y no un instrumento para trasladar a las comunidades autónomas decisiones precipitadas o calendarios marcados por las prioridades políticas del Ministerio.
Al inicio del pleno, la mayoría de las comunidades autónomas se han negado a aprobar las dos actas anteriores del Consejo, correspondientes al 11 de septiembre y al 14 de octubre, al entender que las reuniones, convocadas por correo electrónico, no cumplían el quórum mínimo exigido para su válida constitución.
Gómez también ha rechazado que se sometan a decisión en un pleno por correo electrónico cuestiones que, en su opinión, requieren un análisis previo. “Normas de relevancia como son la relación laboral especial de los residentes y la información relativa a la información previa al consentimiento en la interrupción voluntaria del embarazo deben ser objeto del necesario análisis y consenso y no en un pleno por correo electrónico”, ha afirmado.
Acuerdos sobre centros de referencia y protonterapia
El conseller ha respaldado, en cambio, los puntos que ha considerado dotados de “suficiente rigor técnico y consenso”, entre ellos las dos nuevas unidades de referencia (CSUR) en el Hospital Universitario y Politécnico La Fe y la incorporación de una nueva unidad de patología compleja de columna pediátrica y del adolescente para su posterior designación como CSUR.
También ha considerado “muy relevante” la aprobación de los criterios de priorización de pacientes, la asignación de centros y la creación de un registro único para la atención a pacientes con indicación de protonterapia en el Sistema Nacional de Salud.
En otro de los acuerdos aprobados, el Consejo ha distribuido los fondos procedentes de la disposición adicional sexta de la Ley del Medicamento y de los presupuestos del Estado destinados a distintas líneas de vigilancia de cáncer, tabaquismo o trasplantes, entre otras, con destino a la Comunitat Valenciana. Gómez ha dicho que su posición “siempre va a estar del lado de los intereses de la sanidad pública valenciana” y ha propuesto que estos fondos tengan continuidad en futuras anualidades.
Rechazo al decreto sobre listas de espera
El conseller también ha aludido a la no aprobación del real decreto relativo a las listas de espera. A su juicio, el texto incorpora documentos que no presentan todavía un grado de madurez suficiente para su inclusión en la norma, por lo que ha planteado dudas sobre la oportunidad de incorporarlo al proyecto antes de concluir los trabajos y de contar previamente con una guía técnica para su implantación.
“Resulta difícil justificar la urgencia por aprobar una norma centrada en la medición de las demoras, mientras siguen pendientes las decisiones necesarias para abordar sus causas”, ha dicho Gómez al cerrar su intervención. Según ha añadido, la prioridad del Ministerio no debería limitarse a mejorar cómo se contabilizan las listas de espera, sino centrarse en resolver el conflicto con los profesionales, preservar la capacidad asistencial y adoptar medidas efectivas para reducir los tiempos de espera de los pacientes.