El vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, ha reclamado al Gobierno de España una reforma de la política estatal de costas que tenga en cuenta las distintas realidades territoriales, respete las competencias autonómicas, aporte seguridad jurídica a los ciudadanos y municipios del litoral y apueste por la regeneración de las playas.
Reforma de la normativa y cooperación entre administraciones
Durante su intervención en Ibiza en el V Foro de Costas y Litoral, dedicado a La futura Ley de Costas: problemática actual en la aplicación de la Ley 22/1988 de Costas, Martínez Mus ha defendido la necesidad de modificar la normativa estatal y de avanzar hacia un modelo de gestión basado en la cooperación entre administraciones.
“La política de costas no puede construirse de espaldas a las comunidades autónomas ni ignorar la realidad de los municipios y de quienes viven en el litoral”, ha señalado.
En este sentido, ha advertido de que “estamos perdiendo playas a la carrera, lo que está generando numerosos problemas. Sin embargo, la única respuesta que estamos recibiendo son deslindes y desposesiones que afectan a ciudadanos de buena fe, que ven cómo pueden perder sus viviendas”.
Protección de los núcleos tradicionales de la costa
En relación con la protección de los núcleos tradicionales de la costa, ha defendido la capacidad de la Generalitat para preservar sus valores históricos, culturales y etnológicos. Por ello, ha cuestionado el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno central contra varios preceptos de la Ley valenciana de Protección y Ordenación de la Costa.
Tras la sentencia del Tribunal Constitucional, que ha estimado parcialmente el recurso, Martínez Mus ha señalado que la Generalitat estudia alternativas normativas para mantener esta protección y ha asegurado que se trata de un “recurso que está generando muchísimo debate jurídico porque tiene en el propio seno del Tribunal Constitucional diferencias muy significativas”.
Asimismo, ha reclamado al Ejecutivo central que concrete el traspaso de funciones y servicios en materia de gestión litoral. La Generalitat ha aceptado la última propuesta del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática y está pendiente de la convocatoria de la Comisión Mixta Bilateral, en la que deben determinarse los medios personales, materiales y económicos necesarios.
Reglamento de Costas, alegaciones y sedimentos
Otro de los aspectos centrales de su intervención ha sido la modificación del Reglamento General de Costas. Martínez Mus ha solicitado que cualquier reforma vaya precedida de cambios en la Ley de Costas y ha criticado medidas relativas a las concesiones, las indemnizaciones y los criterios de deslinde y delimitación del dominio público marítimo-terrestre.
En este sentido, la Generalitat ha presentado alegaciones tanto a la modificación del reglamento como al proyecto de Real Decreto sobre gestión de riesgos de inundación, especialmente por los cambios propuestos en los criterios para delimitar la costa en función del alcance de los temporales.
“Necesitamos actuaciones contundentes de protección de nuestra costa”, ha subrayado.
Coordinación institucional y regeneración de las playas
El vicepresidente tercero también ha defendido una mayor “coordinación institucional en la ordenación del litoral”. En este ámbito, la Generalitat ha creado la Comisión Interdepartamental de Coordinación de Ordenación del Litoral (CICOL), que ha tenido su primera reunión, y participa en una alianza de comunidades autónomas litorales para coordinar propuestas y defender un modelo de cogobernanza y respeto a las competencias de cada Administración.
Martínez Mus ha destacado que esta alianza “constituye un núcleo de defensa que hemos generado entre todos los territorios con litoral para trabajar en la mejora de la política de costas”.
Por último, ha pedido “un cambio de orientación en la política costera estatal que dé prioridad a la regeneración de las playas y a una gestión integral del litoral”. Entre las cuestiones planteadas por la Generalitat figura la necesidad de garantizar la aportación de sedimentos, con una gestión coordinada de las cuencas hidrográficas, para favorecer la conservación de las playas y responder a los procesos de erosión.