El vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, ha pedido al Gobierno central que escuche a la ciudadanía del litoral de la Comunitat Valenciana y que impulse una gestión de la costa que combine protección ambiental, regeneración efectiva, seguridad jurídica y respeto a los derechos de los afectados por los deslindes.
Martínez Mus ha hecho estas declaraciones tras reunirse con vecinos afectados por los deslindes y dar la bienvenida a la Federación Mar Nostra, una entidad que nace para agrupar a municipios, asociaciones y vecinos perjudicados por la regresión costera en el tramo comprendido entre Castellón y Sagunto.
En el encuentro, los asistentes han coincidido en la “mala aplicación” de la ley de Costas por parte del Gobierno, según ha recogido la Generalitat, al considerar que esa interpretación está generando situaciones injustas en varios de los deslindes ejecutados.
Una costa que, según la Generalitat, no puede abordarse municipio a municipio
El vicepresidente tercero ha señalado que la constitución de la federación “da buena cuenta de que los problemas de nuestra costa ya no pueden abordarse municipio a municipio”, porque la regresión litoral, la pérdida de playas y la alteración del transporte natural de sedimentos afectan al conjunto del sistema costero y “exigen una respuesta conjunta”.
“Compartimos la idea que inspira esta federación: la costa debe entenderse como un espacio único, continuo e interconectado, donde las actuaciones que se realizan en un punto tienen consecuencias sobre el resto del litoral”, ha afirmado Martínez Mus.
La Generalitat ha subrayado además que dos de los cinco tramos más afectados por la regresión costera de toda España se encuentran en la Comunitat Valenciana. Uno de ellos es el que discurre entre Castellón y Sagunto, precisamente el ámbito sobre el que se ha centrado buena parte del encuentro.
Reclamo de actuaciones pendientes y rechazo a la reforma del reglamento
Martínez Mus ha recordado que el Consell lleva años reclamando al Estado la ejecución de las actuaciones pendientes para proteger la costa. En el caso del tramo Castellón-Sagunto, ha indicado que existe una estrategia aprobada en 2015 que contempla más de una veintena de actuaciones que siguen sin ejecutarse.
El vicepresidente tercero ha reiterado también el rechazo de la Generalitat a la modificación del Reglamento General de Costas planteada por el Gobierno, al entender que introduce cambios de enorme trascendencia sin suficientes garantías técnicas y jurídicas. Según ha explicado, la reforma propuesta permite que un único temporal excepcional pueda servir de referencia para fijar deslindes de forma permanente, en sustitución de un criterio técnico que, ha dicho, se ha mantenido durante décadas y se ha basado en fenómenos reiterados.
En ese contexto, ha defendido que cualquier actuación sobre el dominio público marítimo-terrestre debe apoyarse en criterios técnicos rigurosos, objetivos y consolidados en el tiempo, para dar certidumbre a ciudadanos, ayuntamientos y actividades económicas. La Generalitat, ha añadido, ya ha presentado alegaciones al proyecto normativo estatal y seguirá defendiendo los intereses de la Comunitat Valenciana ante las instancias necesarias.