Castellón podrá multar a los pisos turísticos ilegales: así funcionarán las inspecciones y sanciones

El pleno municipal aprueba por unanimidad asumir competencias para tramitar infracciones leves, graves y muy graves en viviendas de uso turístico. La Policía Local y los técnicos de Urbanismo participarán en las inspecciones.

 - Actualizado a 30/10/2026 09:34

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Apartamento con vistas en Castellón, (Imagen ilustrativa generada digitalmente)
Apartamento con vistas en Castellón, (Imagen ilustrativa generada digitalmente)
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El Ayuntamiento de Castellón de la Plana ha dado un paso para reforzar el control sobre las viviendas de uso turísticode la ciudad. El pleno municipal celebrado este jueves ha aprobado por unanimidad la adhesión al convenio entre la Generalitat Valenciana y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), que permitirá al consistorio asumir competencias para inspeccionar y sancionar infracciones relacionadas con esta actividad.

La decisión supone un cambio en la gestión de los procedimientos sancionadores, ya que permitirá que la administración municipal intervenga directamente en la investigación y tramitación de posibles irregularidades detectadas en apartamentos y viviendas destinadas al alojamiento turístico.

El acuerdo afecta a los inmuebles de uso turístico situados dentro del término municipal de Castellón y contempla infracciones leves, graves y muy graves, de acuerdo con la normativa autonómica aplicable.

No obstante, la aprobación plenaria constituye un paso previo a la formalización de la adhesión, por lo que la entrada en vigor efectiva de las nuevas competencias dependerá de que se complete el procedimiento administrativo correspondiente.

La Policía Local podrá inspeccionar viviendas turísticas en Castellón

Una de las principales novedades es la participación directa de los servicios municipales en el control de los alojamientos turísticos. Según el acuerdo aprobado, la Policía Local de Castellón y el personal técnico de la Sección de Control Urbanísticoserán los encargados de desarrollar las labores de inspección.

Por su parte, la Sección de Control Urbanístico asumirá la tramitación de los expedientes sancionadores que puedan derivarse de las actuaciones de comprobación. Esto permitirá que el Ayuntamiento intervenga en procedimientos relacionados con posibles incumplimientos de la normativa turística dentro de su territorio.

La delegación también contempla la posibilidad de iniciar, instruir y resolver los procedimientos sancionadores, así como revisar administrativamente los actos derivados de estos expedientes.

Qué viviendas turísticas podrán ser sancionadas

El acuerdo municipal se refiere a las viviendas de uso turístico ubicadas en Castellón de la Plana que puedan incurrir en infracciones de la legislación autonómica.

La normativa valenciana establece obligaciones para los titulares de estos alojamientos, entre ellas las relacionadas con la inscripción administrativa y el cumplimiento de los requisitos exigidos para desarrollar la actividad. La existencia de una vivienda destinada al alquiler turístico no supone por sí misma una infracción. Para imponer una sanción debe identificarse un incumplimiento concreto, tramitarse el procedimiento correspondiente y respetarse las garantías legales de las personas afectadas.

Por tanto, no todas las viviendas turísticas serán multadas, ni la adhesión al convenio implica una prohibición general de esta modalidad de alojamiento. Las actuaciones municipales se dirigirán a comprobar el cumplimiento de la normativa y, cuando proceda, iniciar los expedientes sancionadores previstos legalmente.

Castellón asumirá las sanciones leves, graves y muy graves

El convenio entre la Generalitat y la FVMP contempla la delegación de competencias sancionadoras en las tres categorías de infracciones establecidas por la legislación turística.

De este modo, el Ayuntamiento podrá tramitar procedimientos por infracciones leves, graves y muy graves, siempre dentro de las competencias efectivamente delegadas. La cuantía de una eventual multa dependerá de la infracción acreditada y de la normativa aplicable en cada caso.

El acuerdo municipal no establece nuevas multas por sí mismo, sino que permite que el consistorio asuma funciones sancionadoras que forman parte del marco normativo autonómico. Por ello, es importante distinguir entre la creación de una nueva sanción y la delegación de la competencia para imponerla. La decisión adoptada por Castellón corresponde a este segundo supuesto.

El Ayuntamiento gestionará la recaudación de las multas

Otra de las consecuencias del acuerdo es que el Ayuntamiento asumirá estas funciones utilizando sus propios medios municipales. La Policía Local y los técnicos de Control Urbanístico participarán en las inspecciones, mientras que la administración local se encargará de tramitar los expedientes.

Además, el consistorio gestionará la recaudación de las sanciones impuestas dentro del ámbito de las competencias delegadas. La medida busca acercar el control administrativo al municipio en el que se encuentran las viviendas turísticas y facilitar la intervención de los servicios municipales cuando se detecten posibles incumplimientos.

Sin embargo, todavía no se han comunicado cifras sobre el número de inspecciones que se realizarán, los recursos específicos que se destinarán a esta actividad o la cantidad de viviendas que podrían ser objeto de comprobación.

Cuándo comenzarán las inspecciones municipales

El pleno de Castellón ha aprobado la solicitud de adhesión al convenio marco y el correspondiente convenio singular. La Generalitat establece un procedimiento administrativo específico para que los ayuntamientos puedan asumir estas competencias, incluida la presentación del acuerdo municipal y la documentación requerida.

La fecha exacta de entrada en vigor de la delegación no ha sido concretada en la información disponible, por lo que no puede afirmarse que el nuevo sistema de inspección y sanción esté plenamente operativo desde el mismo día de la votación.

Con esta decisión, Castellón avanza hacia un modelo de control de las viviendas turísticas con mayor intervención de la administración local, en un contexto de creciente atención a la regulación de este tipo de alojamientos.